La Audiencia de Sevilla dejó ayer visto para sentencia el juicio a once hombres para quienes la Fiscalía pide ocho años de cárcel por transportar 367 kilos de cocaína desde Málaga a Carrión de los Céspedes. Entre los acusados hay dos policías nacionales y un escolta privado que trabajó para el Ministerio del Interior. Los tres supervisaron el viaje del camión que llevó la droga, aunque ellos defienden que no sabían que esa era la mercancía. Al contrario, pensaban que la carga era de criptomonedas. Y cobraron 100 euros por hora, una tarifa que “no se corresponde con la escolta de un alijo así”, destacó ayer la abogada de uno de los agentes, un subinspector de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) “con más de 30 años de servicio, reconocido por sus compañeros, una labor intachable y multitud de menciones honoríficas y medallas”, apostilló.

Este encausado, según expuso la letrada Elisabeth Guerrero en su informe, “se dio cuenta en todo momento del seguimiento” que varios policías de la Comisaría de Málaga efectuaron al remolque y aun así siguió ejecutando hasta el final el trabajo para el que había sido contratado, como “escolta de un empresario de criptomonedas”. “Estaba en la creencia de que el empresario no había pagado las tasas o algo así, no sospechaba que la carga fuese sustancia estupefaciente”, indicó. También solicitó que sea puesto en libertad: “Tiene familia y un salario base hasta que se dicte sentencia. No hay riesgo de fuga porque no tiene dinero para sustraerse a la acción de la Justicia”, alegó.

A esta defensa la precedió la del empresario que había alquilado la nave donde la Policía Nacional intervino la droga, almacenada en 365 paquetes de aproximadamente un kilo cada uno. Uno de los ejes fundamentales de sus alegaciones fue la inexistencia de una orden judicial que legitimase la entrada de los agentes en el recinto, lo que en su opinión debería conducir a la nulidad de todo el proceso judicial.

"Nadie dio el consentimiento para que la Policía entrase en la nave. Al contrario, se usó la fuerza para acceder al interior", indicó el letrado José María Núñez, que en su esfuerzo argumental se valió de una analogía con un secuestro histórico de ETA, el de Ortega Lara: "Aun sabiendo que en ese zulo había una persona retenida, la Policía solicitó una autorización judicial para entrar", recordó.

De hecho, más tarde volvió a recurrir a la banda terrorista para defender como prueba de inocencia de su cliente que había seguido pagando el alquiler de la nave incluso después de la intervención policial. "¿Tendría sentido que el comando de ETA que vino a cometer un atentado en Sevilla hubiese seguido en el piso que había alquilado después de atentar?", se preguntó.

Como colofón a su informe, el abogado del empresario coincidió con el fiscal en pedir "una sentencia ejemplarizante", pero no para su cliente ni el resto de acusados sino "para la Policía", de nuevo en alusión al supuesto registro ilegal. "Si todo vale, estamos abocados a un fracaso de país".