La Fiscalía elevó ayer a definitivas sus conclusiones en el juicio a once hombres, entre ellos dos policías nacionales y un guardia civil, acusados de participar en el transporte de 365 kilos de cocaína procedente de Colombia desde el puerto de Málaga a un polígono de Carrión de los Céspedes. Eso significa que después de oír a unos y otros durante los dos meses que ha durado la vista oral, el fiscal sigue pensando que todos cometieron el delito contra la salud pública que les atribuye desde el principio y por eso continúa pidiendo que cada uno de los encausados sea condenado a ocho años de cárcel y al pago de una multa de 45 millones de euros. Para el representante de la acusación pública, las pruebas son “contundentes”; los hechos, “obvios”; y los tres agentes de la autoridad “tenían conocimiento pleno de que allí se transportaba droga”.

El juicio quedará este miércoles visto para sentencia después de que emitan su informe las tres defensas que no pudieron hacerlo ayer, que en línea con las demás solicitarán la nulidad de las actuaciones y la absolución de sus clientes como petición principal. Entre las que sí pudieron hablar ya ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla figuraron la de un policía, la del guardia civil y la del escolta privado que en su currículum incluye haber trabajado para el Ministerio del Interior. A grandes rasgos coincidieron en defender que sus clientes creían que el tipo de mercancía que había dentro del contenedor era otro diferente de la sustancia estupefaciente. En concreto, criptomonedas.

En su informe, el fiscal realizó un relato cronológico de los hechos desde que las autoridades colombianas informaron a las españolas y el barco con la droga arribó al puerto de Málaga, el 7 de septiembre de 2022. Dos días después, los investigadores practicaron una cata en el contenedor y efectuaron un narcotest a la sustancia que salió de allí, que resultó ser cocaína, y a partir de ahí lo siguieron en su recorrido por la A-92 hasta Dos Hermanas primero y Carrión después. Por el camino, además, fue asistido por un coche desde el que los dos policías y el escolta ejecutaron labores de contravigilancia.

“La prueba es contundente”, afirmó el fiscal, que recalcó el “seguimiento continuo” que ese vehículo realizó al camión “para que nada entorpeciera que la droga llegase a su destino”. “No existe ninguna duda. Los hechos son tan obvios... Sabían que se transportaba droga”, prosiguió la acusación pública. “Eran plenamente conscientes de lo que realizaban y fueron pillados in fraganti”, concluyó.

El abogado de uno de los agentes acusados fue el primero en informar. Defendió que su cliente tenía “la convicción de que el camión procedía de Murcia y que transportaba material tecnológico” y añadió que lo único que se ha probado durante el juicio es que en su tiempo fuera del trabajo policial hizo de “escolta para importantes empresarios del sector de las criptomonedas y la construcción”. “Los integrantes del coche no conocían ni la procedencia ni la carga del camión. Si hubiesen sabido que venía de Colombia, habría sido de tontos no plantearse la hipótesis de que era droga”, enfatizó. “Tampoco es lógico que fuesen desarmados”, agregó.

Además de coincidir en que sus representados (los cuatro arrestados en la nave de Carrión mientras descargaban el contenedor) desconocían que había cocaína dentro, la letrada del guardia civil lamentó que el procedimiento judicial ha estado “incompleto” porque no han podido preguntar “cómo surgió el negocio” a los agentes encubiertos que investigaron el caso en Colombia. También denunció que la cadena de custodia estuvo “rota desde el origen”, ya que la coca cruzó el Atlántico en barco sin que estuviese vigilada por la Policía española, y contrarrestó la versión de Asuntos Internos de que el agente y los dos policías tenían una “relación estable extralaboral” replicando que “no se conocían entre sí”, más allá de haber quedado una vez en 2021 “para la adquisición de un perro”.

“No hay una megaestrecha relación de nada”, abundó la abogada del escolta, que defendió la “escrupulosa labor” que realizó vigilando un contenedor cuyo interior ignoraba. “De haber sabido que llevaba droga, ¿iba a ir desarmado?”, se preguntó. Como novedad respecto al resto de informes, esta defensa sí reclamó que el acusado sea puesto en libertad. “Lleva dos años en prisión preventiva”, recordó.