José Manuel Rueda Negri, fiscal de Cooperación Internacional en Sevilla, investiga un centenar de casos al año por delitos cometidos en otros países. Cree que el sistema europeo de cooperación judicial es extremadamente eficaz porque actúa “por criterios profesionales, no políticos”. Entre sus recientes actuaciones, ayudar a identificar el avión siniestrado de Malaysia Airlines gracias a que los restos recuperados habían sido fabricados en Sevilla.

-¿En cuantos casos interviene al año el fiscal de Cooperación Internacional de Sevilla?

-En 2017 tramitamos 88 expedientes. Sevilla es la octava provincia española por nivel de trabajo. Por delante están Madrid y toda la costa del Levante, desde  Barcelona a Málaga pasando por Valencia, Alicante y Almería.

-¿Con cuántos fiscales?

-Me ocupo de toda la provincia junto con otro fiscal que me ayuda y que trabaja desde Dos Hermanas.

-¿Qué tipo de casos gestiona el fiscal de Cooperación Internacional en Sevilla?

-Muchas estafas informáticas, sobre todo procedentes de Alemania, en las que la persona que comete el delito o que recibe el dinero reside en Sevilla. Con Portugal tratamos todo tipo de asuntos: accidentes de tráfico, robos, responsabilidades médicas o agresiones sexuales de personas que viven en Sevilla y se desplazan a Portugal.

De Francia también vienen muchas peticiones, sobre todo por tráfico de drogas en camiones que se cargan en naves de la provincia de Sevilla y son interceptados al atravesar Francia.

Hemos intervenido en varios casos contra las mafias y por blanqueo de dinero en Sevilla. 

-¿Como colaboró en la investigación sobre el avión de Malaysia Airlines que desapareció sin dejar rastro en 2014?

-Hemos investigado muchos accidentes aéreos porque en la factoría de Airbus en Sevilla se fabrican las piezas de algunos aviones siniestrados y hemos tomado declaración a personas que han trabajado en ellos.

Intervinimos en la investigación sobre el accidente de Malaysia Airlines porque el avión no se encontró pero el fuselaje trasero, que apareció dos años después en las Islas Reunión [a  más de 6.000 kilómetros de distancia], había sido fabricado en Sevilla.

Como las Islas Reunión son territorio francés, pilotos y magistrados franceses vinieron a investigar a Sevilla. Otras veces ha habido un accidente aéreo y el piloto vive en Sevilla, por eso le hemos interrogado.

-¿Es positivo el sistema europeo?

-Muy positivo porque no pasa ningún filtro político. 

Las peticiones de colaboración de países que no sean del ámbito europeo se canalizan a través de Ministerio de Justicia. Por ejemplo, yo ahora estoy colaborando con la Fiscalía peruana en un caso de tráfico de personas que se solicitó a través del Ministerio. Pero al fin y al cabo el Ministerio de Justicia es un filtro político. Tengo también sobre la mesa una solicitud llegada de Lieja, en Bélgica. El Ministerio de Justicia, como consecuencia de la cuestión política que subyace tras el caso Puigdemont, podría decidir enviárselo con meses de retraso al fiscal. Sin embargo, si me viene a mí directamente, yo actúo por criterios profesionales, no políticos. Es muy importante la cooperación directa. 

-¿La unión judicial europea va por buen camino o  va más lenta que la política?.

-Va estupendamente, salvo casos puntuales como la extradición de Puigdemont. Hay dos organismos  de coordinación que funcionan muy bien: Eurojust, con sede en La Haya, y Europol, que se ocupa de la coordinación policial. Luego están los magistrados de enlace, que viven en el país de destino y ayudan mucho. En España tenemos de varios países: Francia e Italia tienen uno y el Reino Unido dos.

-¿El crimen organizado lleva la delantera a la Justicia?

-Es cierto que siempre nos van a llevar la delantera, pero ahora existe mucha coordinación a nivel europeo, sobre todo a través de Eurojust.

-¿Cómo se ve la situación judicial en España desde Europa?

-En España puede haber corrupción pero se descubre porque la Justicia funciona muy bien, es  independiente y tenemos una legislación restrictiva. Por ejemplo, en Estados Unidos los tráficos de influencias de los lobbies no son delito. Me parece imposible que en el Reino Unido o en Holanda se pueda ir contra el yerno del rey o contra banqueros, y en España han sido juzgados y están en la cárcel. 

Yo viajo mucho y he vivido cuatro meses en Holanda. En España se destapa prácticamente todo porque hay un Poder Judicial y una Fiscalía Anticorrupción muy independientes. 

-¿Qué le falta a la Justicia en España?

-Que el procedimiento fuera un poco más ágil. No hacen falta muchos más jueces y fiscales sino limitar la litigiosidad, que no se pueda denunciar y recurrir tanto. En España se recurre todo, se denuncia todo y al que lo hace sin motivo no le pasa nada.

-¿Cómo va a influir el Brexit en la cooperación judicial europea?

-Yo creo que Gran Bretaña no va a salir de Eurojust porque allí están con voz pero sin voto Suiza y Estados Unidos, que no son miembros de la Unión Europea. Creo que el Reino Unido va seguir igual y también lo hará la relación con España porque nos necesitamos mutuamente. No hay más remedio, puesto que hay unos 800.000 ingleses residiendo en España.

-¿Qué caso le ha impresionado de los que ha investigado?

-Hace unos años estuvieron escondidos en Sevilla unos asesinos de la mafia, usando una pizzería como tapadera. Vinieron carabinieri de Nápoles y los estuvimos investigando pero no conseguimos detenerlos. Los teníamos localizados, pusimos dispositivos a los coches para seguirlos pero no dimos con ellos. Me sorprendió porque yo pensaba que Sevilla era más tranquila. Aquí la mafia no delinque pero sí blanquea dinero.

En enero de este año colaboramos en la detención en Sevilla de Luca Materazzo, que había matado a su hermano en Nápoles un año y medio antes. Tras el crimen se le había perdido la pista y en Sevilla trabajaba de camarero en un bar.

-¿Hay ocasiones en que se rechaza una colaboración judicial?

-Recientemente China pidió auxilio para hacer unas diligencias en Sevilla y se le denegó si la persona investigada se exponía a la pena de muerte porque es algo que va contra la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Al final se prestó la colaboración porque hubo un compromiso por parte de las autoridades chinas de que en este caso no se iba a aplicar la pena de muerte.