Se jubila voluntariamente Javier González, presidente de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla
La diáspora en la Audiencia de Sevilla
Javier González enjuició y condenó a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo, y desde el 2011 la sección que preside resuelve todos los recursos de la macrocausa de los ERE
Se trata del quinto magistrado de la Audiencia que se jubila voluntariamente desde el año 2019
Jubilación anticipada de otro de los puntales de la Audiencia de Sevilla
Una nueva jubilación voluntaria en la Audiencia de Sevilla. El presidente de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, Javier González Fernández, se jubilará en los próximos meses tras más de cuarenta años de servicio en la carrera judicial. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aceptado la propuesta de jubilación voluntaria del veterano magistrado que, no obstante, será efectiva con fecha 7 de septiembre de 2023.
La propuesta del máximo órgano de gobierno de los jueces considera que en la solicitud del magistrado Javier González concurren "todos los elementos, condiciones y requisitos establecidos" en la ley orgánica del Poder Judicial y en el reglamento de la carrera judicial para acceder a la jubilación. Según el último escalafón judicial -que se elaboró en el año 2021-, ha acumulado ya más de cuarenta años de servicio. Cuando se produzca la jubilación, el magistrado estará a punto de cumplir los 68 años.
A lo largo de su trayectoria en la carrera judicial, Javier González ha celebrado numerosos juicios como magistrado de la Audiencia de Sevilla, entre ellos, el del asesinato de Marta del Castillo, que acabó en el año 2012 con la única condena de Miguel Carcaño y la absolución de los otros tres adultos que fueron enjuiciados.
Además, la Sección Séptima se ha encargado desde el año 2011 de resolver todos los recursos de la macrocausa de los ERE que se han presentado contra las decisiones del juzgado de Instrucción número 6, que instruye las distintas piezas separadas, y esta Sección fue la que estableció el criterio de que los ex altos cargos que habían sido juzgados en el juicio de la denominada "pieza política" no podían volver a ser juzgados en el resto del centenar de piezas pendientes, una postura que la Sala ha avalado hasta el momento en más de 50 autos.
Una de las últimas sentencias dictadas por la Sección Séptima cuya ponencia ha correspondido a Javier González es el caso del supuesto "Santo", que ha sido condenado a 22 años y medio de cárcel por controlar la voluntad, el dinero y el día a día de una familia entera y por violar en repetidas ocasiones a la hija del matrimonio que le permitió apoderarse de su casa y de sus vidas. Ese es el castigo que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha impuesto a Francisco Javier S. M., conocido como 'el Santo' porque decía ser San Francisco Javier, y así consta en la sentencia de uno de los casos más espeluznantes que han pasado por los juzgados de la ciudad en los últimos años. También ha sido condenada su hija, mientras que su mujer ha sido absuelta de todos los delitos de los que era acusada.
La diáspora en la Audiencia por el colapso de las macrocausas
Javier González es el quinto magistrado de la Audiencia que se jubila anticipadamente desde el año 2019, cuando se marchó la juez María Auxiliadora Echávarri, o los casos más recientes de Juan Romeo, Juan Antonio Calle Peña, quien redactó la sentencia del denominado "procedimiento específico" de los ERE en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta por el pago de 680 millones de ayudas; y Carlos LLedó González, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia, jubilado en julio de 2022.
A estas bajas voluntarias, hay que sumar la salida hacia juzgados unipersonales de otros tres magistrados que estaban destinados en las secciones Penales: Francisco Gutiérrez, María Dolores Sánchez e Inmaculada Jurado, quienes han pasado a dirigir sendos juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de Instrucción y de Menores en Sevilla.
La Audiencia de Sevilla está sufriendo de esta forma una particular diáspora por el colapso que está generando la celebración de los juicios derivados de las macrocausas, que amenazan con hipotecar las secciones penales durante una década.
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