María Auxiliadora Echávarri, veterana y reconocida magistrada de la Audiencia de Sevilla, ha pedido la jubilación “anticipada y voluntaria” y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido un informe favorable.

Echávarri era en 1995 titular del juzgado de instrucción 13 cuando investigó el caso Arny de prostitución de menores, el primero y uno de los más mediáticos instruidos en Sevilla. La juez procesó a 48 hombres después de una instrucción en la que afloraron en España debates como el de los juicios paralelos y las falsas listas de investigados.  

Su juzgado fue entonces escenario de declaraciones hasta altas horas de la madrugada, luego habituales durante la instrucción de otros sumarios como el de los ERE. El caso Arny marcó también un punto de inflexión para las restricciones a la prensa, ya que hasta entonces las cámaras de televisión accedían libremente en los edificios judiciales hasta grabar a los imputados entrando en el despacho del juez. 

El caso Arny sigue siendo uno de los más tratados en los trabajos de fin de master y de grado por los estudiantes de periodismo sevillanos.

En aquellos años, Echávarri también investigó el caso de un bebé prematuro que fue dado por muerto al nacer en el hospital Virgen del Rocío pero su padre descubrió en el mortuorio que se movía. El bebé sobrevivió en la UCI pediátrica y falleció finalmente 21 días después.

Echávarri ascendió luego a la Sección Primera de la Audiencia provincial y, entre otros, instruyó la recusación contra su compañera Mercedes Alaya por el caso Mercasevilla.

La sala de gobierno del TSJA ha informado favorablemente al Consejo General del Poder Judicial la jubilación anticipada en mayo de este año, en una resolución que no precisa los motivos. Pero más de un magistrado sevillano, cuando se queja de la sobrecarga de trabajo que padecen, comenta que, si pudiera, se jubilaría.

La Sección Primera de la Audiencia es una de las más afectadas por ese exceso de trabajo y tres de sus miembros acaban de terminar el juicio por la rama política del caso de los ERE, que duró un año. 

Joaquín Sánchez Ugena,  presidente de esa sección y compañero de Echávarri durante muchos años, falleció en 2014 de un infarto que el TSJA reconoció como enfermedad laboral. Entonces el alto tribunal propuso una pensión extraordinaria a su viuda por entender que el fallecimiento estuvo provocado por la “inmensa carga de trabajo que soportaba”.