Nuevo archivo judicial por fallecimiento

Un abogado investigado por presentar documentación falsa para legalizar pozos de riego ha fallecido en Sevilla, lo que ha dejado sin objeto unas diligencias abiertas hace casi nueve años, en julio de 2012, en las que llegó a haber 24 investigados, en su mayor parte propietarios agrícolas.

Fue una denuncia de la Fiscalía por la presunta falsedad en la documentación aportada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para conseguir la “legalización extemporánea” de unos pozos de riego abiertos sin licencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en fincas de Écija, Guillena, Estepa, La Roda, Casariche, o incluso en Priego (Córdoba) e Hinojos (Huelva).

Ahora, todavía en fase de instrucción, el único investigado que quedaba en la causa, el abogado J.R.C.S., de 63 años, falleció en la noche del martes al miércoles mientras dormía por causas que aún deben precisarse.

Por ello, previsiblemente, ahora el juzgado decretará el archivo de unas diligencias en las que llegó a haber 24 investigados. Hace ya varios meses se archivó respecto a una procuradora imputada porque “en su condición profesional se limitó a presentar la documentación que le facilitó el abogado”, sin que haya indicios de que “conociera la procedencia ilícita” de los documentos.

El 5 de marzo pasado, la juez de instrucción 5 hizo lo mismo, a petición de la Fiscalía, respecto a los 22 propietarios agrícolas por falta de pruebas de que participaran en la falsedad o que conocieran la ilegalidad de la documentación aportada.

Previamente los propietarios alegaran que no llevaban directamente sus fincas, que la dirección había estado a cargo de distintas gestorías y que tampoco existían pruebas de que hubiesen pagado al funcionario de la CHG que presuntamente elaboró los documentos falsos.

Según las investigaciones, el abogado aportó al TSJA copias de solicitudes de inclusión en el Catálogo de Aguas de los pozos que supuestamente se habían presentado en el Registro de la CHG antes del 26 de octubre de 2001, esto es, dentro del plazo válido establecido para su admisión.

Dichos documentos fueron elaborados “ex profeso, a cambio de dinero y en fecha muy posterior” por el ex empleado de la CHG Manuel R.S., aprovechando que tenía un sello de caucho del Registro. Este hombre fue también condenado en 2016 por cohecho, por pedir dinero a los agricultores para no abrirles expediente por sus pozos ilegales.

Sin embargo, Manuel R.S. no figura imputado en esta causa porque se acogió a su derecho a no declarar para no perjudicar a otras diligencias que tiene abiertas en el juzgado de instrucción 6.