El juzgado de instrucción 5 de Sevilla ha dictado auto de procedimiento abreviado contra un abogado de Sevilla y 22 propietarios de fincas, acusados de presentar documentos falsos para conseguir la “extemporánea legalización” de sus pozos ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En un auto al que tuvo acceso este periódico, el juzgado de instrucción 5 considera autor del delito al letrado José R.C.S., que como abogado en ejercicio  presentó la documentación “ilegítimamente obtenida, con pleno conocimiento de su procedencia, para sustentar los recursos contencioso-administrativos que elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

En todos los procedimientos, el abogado aportó al TSJA en nombre de los propietarios documentos falsificados que pretendían ser “copias de solicitudes de inclusión en el catálogo de aguas de la cuenca de los pozos de sus respectivas fincas”.

Las solicitudes supuestamente habían quedado ingresadas en el Registro de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir antes del 26 de octubre de 2001, esto es, dentro del plazo válido establecido para su admisión.

Dichos documentos, dice el auto, fueron elaborados ex profeso y a cambio de dinero por el también acusado Manuel R.S., ex empleado de la CHG, en fecha muy posterior aprovechando que disponía de los modelos y del sello de caucho utilizado por el Registro para acreditar y fechar la entrada de los escritos.

Los documentos falsos fueron aportados entre los años 2011 y 2012, fechas en las que “se produjo mayor ingreso de dinero en las cuentas de Manuel R. S.”, según el auto.

La maniobra “no tenía otra finalidad que hacer prosperar de manera ilegítima en favor de los propietarios de las fincas los recursos contencioso-administrativos presentados por el letrado investigado”, por lo que la juez imputa a los investigados un delito de falsedad documental en relación con un delito de presentación de documentos falsos en juicio.

Exculpada la procuradora que presentó la documentación

La juez acuerda el sobreseimiento respecto a Ana M. L. L., que “en su condición profesional de procuradora se limitó a presentar la documentación que le facilitó el abogado”, sin que haya indicios de que “conociera el contenido de los documentos y mucho menos su procedencia” y tampoco de que participase en el diseño de la “estrategia jurídica relacionada con la presentación de los recursos”.

En cambio, el abogado había tenido relación con el ex empleado de la CGH con ocasión de un proceso judicial en el que fue condenado por solicitar dinero a propietarios de fincas a cambio de regularizar pozos.

En cuanto a los 22 propietarios, el auto indica que “resulta obvio que habían sido informados de la necesidad de presentar una documentación de la que no disponían para hacer prosperar su recurso y que pagaron por ello un precio al conseguidor”, pese a “ser conocedores de la falsedad de los documentos que iban a presentar como sustento de sus recursos contencioso administrativos”.

Ua vez concluida la investigación, la juez da traslado de lo actuado al fiscal para que solicite el archivo o presente escrito de acusación en el plazo de diez días.