El juzgado de instrucción 5 de Sevilla ha archivado la causa en la que estaban imputados 22 propietarios agrícolas, varios de ellos aristócratas, por falsedad en la documentación que aportaron a los tribunales para legalizar  los pozos que habían abierto sin autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

El juzgado, en un auto al que tuvo acceso este periódico, afirma que “en este momento procesal no resulta suficientemente acreditada la intervención de ninguno de ellos, así como de ningún otro de los propietarios de las fincas afectadas que interpusieron, bajo la dirección letrada del investigado Rafael C.S., los recursos contencioso-administrativos” para conseguir la legalización judicial “extemporánea” de los pozos abiertos en sus fincas.

La juez ha llegado a esa conclusión “a la vista de las diligencias de investigación practicadas, periciales llevadas  a cabo, documental y manifestaciones realizadas tanto por las personas investigadas como por los testigos citados a presencia judicial”.

Por tanto, el auto archiva la causa respecto a la totalidad de los propietarios que estaban imputados, tanto los que habían recurrido el auto de procedimiento abreviado como los que no lo habían hecho.

Respecto a  Rafael A.B., que presentó recurso directo de apelación ante la Audiencia provincial, la juez le ofrece la oportunidad de desistirse “a la vista del contenido de esta resolución”, en la que él también queda exculpado.

En la causa solo queda como investigado Rafael C.S., que como abogado en ejercicio presentó la documentación “ilegítimamente obtenida, con pleno conocimiento de su procedencia, para sustentar los recursos contencioso-administrativos que elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”.

Según las investigaciones, el abogado aportó al TSJA  “copias de solicitudes de inclusión en el Catálogo de Aguas de los pozos” que supuestamente se habían presentado en el Registro de la CHG antes del 26 de octubre de 2001, esto es, dentro del plazo válido establecido para su admisión.

Dichos documentos fueron elaborados “ex profeso, a cambio de dinero y en fecha muy posterior” por un ex empleado de la CHG, Manuel R.S., aprovechando que tenía un sello de caucho del Registro.

Se da la circunstancia de que este hombre fue condenado en 2016 por cohecho en otra causa ante un jurado popular, que consideró probado que pedía dinero a los agricultores para no abrir expediente por sus pozos ilegales.

Los acusados no gestionaban sus fincas

Los propietarios recurrieron argumentando que desconocían que se hubieran aportado documentos falsos a la causa judicial, dijeron que la gestión de sus fincas había estado a cargo de distintas gestorías y personas, que no ejercían directamente la dirección y que tampoco existían pruebas de que hubiesen pagado al funcionario de la CHG como contraprestación por la elaboración de los documentos controvertidos.

En esta causa estuvo imputada al inicio de las actuaciones la procuradora de los tribunales que trabajaba para el letrado investigado, que quedó exculpada porque “se limitó a presentar la documentación que le facilitó el abogado”.