La Fiscalía de Sevilla ha pedido que sean exculpados nueve propietarios agrícolas de la causa que investiga a 22 personas por falsedad para conseguir la legalización de sus pozos de riego. Entre los exculpados se encuentran dos aristócratas contra los que no han aparecido pruebas suficientes de su participación en la falsedad, según la fiscal del caso.

El juzgado de instrucción 5 de Sevilla mantiene imputados a un abogado y a 22 propietarios de fincas en la provincia de Sevilla, acusados de presentar documentos falsos para conseguir la “extemporánea legalización” de sus pozos ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

La Fiscalía, en un escrito al que tuvo acceso este periódico, dice que “en este momento procesal no resulta suficientemente acreditada la intervención de ninguno de ellos en la comisión de los hechos que dieron lugar a la formación de la causa con entidad jurídico-penal suficiente para formular acusación”.

Ello “a la vista de las diligencias de investigación practicadas, periciales, documental unida a las actuaciones y manifestaciones realizadas tanto por las personas investigadas como por los testigos citados a presencia judicial”.

Por ello, apoya el sobreseimiento y archivo solicitado por Rafael A.B., José C.P., Teresa R.C., Juan G.C., Cristina A.M., Enrique V.P., Juan V.P., Antonio A.R. y Juan T.R., dos de ellos poseedores de un título nobiliario.

Los acusados recurrieron argumentando que desconocían que se hubieran aportado documentos falsos a la causa judicial, que la gestión de sus fincas había estado a cargo de distintas gestorías y personas, que no ejercían directamente la dirección y que tampoco existían pruebas de que hubiesen pagado al funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) Manuel R.S. como contraprestación por la elaboración de los documentos controvertidos.

Sus abogados argumentaron además que mantener a estas personas en el procedimiento supondría “someterles de forma innecesaria e injusta a la pena de banquillo con todos los perjuicios que ello acarrea”. A la vista de lo actuado, mantenían, “se hace insostenible un futuro pronunciamiento de condena contra ellos”.

Junto a los propietarios, en la causa está investigado José R.C.S., que como abogado en ejercicio presentó documentos falsificados que pretendían ser “copias de solicitudes de inclusión en el catálogo de aguas de la cuenca de los pozos de sus respectivas fincas” y los elevó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en recursos contencioso-administrativos.

El empleado de la CHG, ya condenado por hechos similares, se acogió a su derecho a no declarar para no perjudicar a otras causas que tiene abiertas en otros juzgados.