La Sección Primera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla ha declarado “culpable” el concurso de la Sociedad para el Desarrollo de Camas (Sodecsa) y ha condenado al alcalde, el socialista Rafael Recio, y al delegado de Mantenimiento, Eduardo Rodríguez, a tres años de inhabilitación para “administrar bienes ajenos”, así como para representar o administrar a cualquier otra persona. No obstante, la condena no afecta a la condición de ambos como cargos públicos y electos, que podrán seguir ostentando. 

El Ayuntamiento ya ha apelado la decisión y recuerda que otro juez de lo Contencioso-Adminsitrativo desestimó el recurso que promovió el administrador concursal contra la reversión de las parcelas cedidas a la empresa por el Consistorio y que están en el origen también de esta condena por lo Mercantil. El Consistorio sigue defendiendo que, pese a las dudas sobre cómo se inscribieron, su actuación fue correcta y que las cuentas fueron auditadas. El regidor señala que no tiene "ninguna preocupación" por la resolución final del asunto. 

En cualquier caso, la sentencia del juzgado de lo mercantil, a la que ha tenido acceso este periódico, declara “cómplice” en este concurso al Ayuntamiento de Camas y condena igualmente a otros consejeros de Sodecsa -que declaró el concurso de acreedores a principios de 2014- a dos años de inhabilitación para la administración de bienes, pero rechaza que se condene al regidor y a los consejeros a pagar 1.370.414,16 euros porque el tribunal entiende que el Ministerio Fiscal “no ha logrado probar en qué medida la conducta que ha determinado la calificación de culpable ha generado o agravado la insolvencia” de la sociedad municipal.

Para el tribunal, la inclusión incorrecta de la contabilidad de unas parcelas recibidas gratuitamente por parte del Ayuntamiento, sin mención ni tener en cuenta el derecho de reversión “no generan un daño por el importe en que se cuantificaron contablemente”. Según el fallo, “de ninguna manera puede afirmarse que el valor de las parcelas erróneamente contabilizadas suponga el déficit agravado”, por lo que “no procede condena alguna en materia de responsabilidad por déficit”.

La Administración Concursal, que sí había solicitado la condena al pago de esta cantidad al alcalde y a los consejeros, consideró en su informe en el que reclamaba la declaración del concurso como “culpable” que se habían producido incumplimientos relativos a la contabilidad e inexactitud grave en los documentos acompañados a la solicitud de concurso, por cuanto en las cuentas anuales de 2011, 2012 y 2013 dos parcelas del plan parcial “El Muro” se valoraban por un importe de 1.460.017,15 euros en el balance de situación, dentro del apartado “existencias” del activo corriente, y su contrapartida, por la misma cuantía, se incorpora al patrimonio neto de la entidad, bajo el epígrafe de “subvenciones, donaciones y legado”, pero las cuentas reflejaban la existencia de estos bienes como propios y “sin mención de la carga de la posible reversión” y debían reflejarse como pasivo de la entidad.

Una irregularidad "evidente" y "relevante"

Dicen los magistrados que en este caso nos encontramos ante una “irregularidad contable evidente”, pues se contraviene además de las normas del Plan General de Contabilidad el artículo 36 del Código de Comercio y el “principio de imagen fiel de la contabilidad”.

En este sentido, el alcalde, Rafael Recio, ha defendido que las cuentas de la sociedad se elevaron en su día a la Cámara de Cuentas y fueron auditadas también por una empresa privada. "La Dirección General del Registro de la Propiedad y del Notariado también resolvió favorablemente en relación a las parcelas", insiste Recio, que va a optar a la reelección el próximo mes de mayo.  

Para el tribunal, la irregularidad es “relevante, pues las parcelas reversibles se contabilizan en el activo (existencias) en lugar de en el pasivo. Además desde el punto de vista cuantitativo se valoran las parcelas en torno a 1.460.017,15 euros, por ello, si se hubieran computado correctamente, el pasivo hubiera ascendido en un 10% en cada ejercicio, lo que hubiera incrementado las pérdidas, colocando el patrimonio neto en negativo en 2012 y 2013”.

Con independencia del momento en que el administrador concursal tuviera conocimiento de que las parcelas estaban sujetas a reversión, las cuentas de los ejercicios 2011 a 2013 “no reflejaban la imagen patrimonial y financiera de la sociedad. Y ello tenía una doble repercusión.

Por un lado, los terceros que contrataban con la concursada lo hacían con una imagen distorsionada de la situación de la misma, lo que tiene una evidente repercusión en el tráfico de ésta. Por otra parte, no puede olvidarse que la contabilidad de una sociedad es la base sobre la que ésta toma sus decisiones en el tráfico, de forma que no se toman las mismas decisiones con unas cuentas que reflejan problemas económico-financieros que otras que reflejan solvencia”.

En el caso de Sodecsa -una sociedad cuyo 98,57% pertenece al Ayuntamiento y el porcentaje restante a Prodetur, de la Diputación de Sevilla-, 62 de los 87 pisos de la última promoción de viviendas públicas no se vendieron y la sociedad municipal adeudaba 9,5 millones a la entidad financiera. Una parte de la deuda, en torno a los 700.000 euros, estaba con las familias que habían reservado algún piso y no obtuvieron la financiación posterior o renunciaron a la compra finalmente.

El Ayuntamiento es "cómplice"

La sentencia declara “cómplice” de la culpabilidad del concurso al Ayuntamiento de Camas porque los jueces entienden que el Consistorio es una administración pública que creó esta sociedad instrumental, la concursada Sodecsa, y aunque la concursada “tenga su propia personalidad jurídica y su consejo de administración, el Ayuntamiento se encontraba respecto de la misma en una especie de posición de garante, de manera que debía vigilar al menos los actos exteriores de su sociedad instrumental”. El Consistorio, prosigue el fallo, debería haber “vigilado que las cuentas de Sodecsa reflejaran correctamente las cesiones gratuitas sujetas a reversión, entre otras cuestiones”.

Así, el Ayuntamiento “podía haber impugnado las cuentas anuales que no reflejaban adecuadamente la contabilización de las parcelas controvertidas, contando para ello, además con los servicios públicos de asesoramiento jurídico. Y ese descuido consistente en que su sociedad instrumental tuviera una contabilidad que no reflejara la imagen fiel de la sociedad ha permitido que la irregularidad contable tuviera lugar y se mantuviera en el tiempo”, aseveran los jueces.

El tribunal entiende asimismo que es “relevante” la contribución del Ayuntamiento porque la irregularidad se comete en una operación de cesión gratuita llevada a cabo por el “propio Consistorio a favor de la sociedad” y teniendo en cuenta que el Consistorio cuenta con servicios jurídicos y de Intervención, “a los que debe presumirse conocimientos contables, debe reputarse su actuar doloso o al menos con conciencia de una contabilidad no ajustada a la imagen fiel”.