Primero fue la jurisdicción penal la que archivó las denuncias por supuesto acoso sexual a varias temporeras marroquíes y ahora son los juzgados de lo Social los que han comenzado a rechazar las demandas por despido que estas mujeres presentaron contra el empresario que les había contratado para la campaña de la recogida de la fresa en Huelva y en las que incluso reclamaban una indemnización de 80.000 euros cada una.

El abogado Manuel Carrasco Martínez, que representa a la empresa demandada, ha explicado a este periódico que, tras el archivo definitivo de la causa penal, hay ya seis sentencias de dos juzgados de lo Social de Huelva que han desestimado de plano las demandas de despido y por vulneración de derechos fundamentales, en procedimientos instados por las mismas trabajadoras que instaron los procedimientos penales.

En las tres sentencias dictadas hasta ahora, la juez declaró que el cese de estas trabajadoras "no constituyó un despido, sino la válida extinción del vínculo contractual", por lo que absuelve a los empresarios de todas las peticiones planteadas en las demandas. Las temporeras marroquíes presentaron una veintena de demandas y, junto a las tres sentencias dictadas, hay otras demandas en las que las trabajadoras se han desistido.

El abogado Manuel Carrasco Martínez ha mostrado su satisfacción tras conocer el fallo de estas tres primeras sentencias laborales, que han acreditado también en la sede laboral la falsedad de las acusaciones vertidas por las trabajadoras. "Es una gran alegría, pero no una sorpresa, pues la verdad sólo tiene un camino", ha aseverado el letrado de la empresa que había contratado a las temporeras. 

En las sentencias laborales se recogen las denuncias presentadas por supuestos abusos sexuales contra el empresario y cómo todas han acabado archivadas. Así, en la sentencia se recoge igualmente como un total de 131 trabajadoras marroquíes presentaron el 6 de junio de 2018 un escrito en el puesto de la Guardia Civil de El Rocío, en el que negaban la existencia de maltrato, acoso o abuso sexual de ninguna trabajadora por parte de los jefes, indicado que "denunciamos que las trabajadoras que han denunciado a nuestros jefes han sido obligadas a hacerlo a cambio de que les arreglen los papeles para quedarse en España de manera definitiva y no tener que volver a Marruecos". Estas trabajadoras añadían que tienen conocimiento de esta situación porque "unos hombres al igual que les han ofrecido a las otras quedarse en España también se lo han ofrecido" a ellas.

En el curso de esta investigación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Huelva solicitó a la empresa que elaborase un informe sobre el estado de las viviendas y servicios higiénicos de la finca, en el que se constató "la estricta observancia de la ordenanza" salvo en aspectos menores, como la dotación de cerraduras en los armarios o taquillas individuales y la superficie de la cama-trabajador, que no debía ser inferior a cuatro metros cuadrados.

En cuanto a las denuncias por abusos sexuales, que han sido archivadas definitivamente por la Audiencia de Huelva, los hechos se destaparon como consecuencia de una visita que el entonces diputado Diego Cañamero y el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) realizaron a una finca agrícola en Almonte el 3 de junio de 2018, en la que una marroquí embarazada les comentó, entre sollozos, que quería denunciar al dueño de la finca porque le había realizado en numerosas ocasiones insinuaciones para mantener relaciones sexuales. Al mismo tiempo aparecieron otras tres temporeras, también marroquíes, que querían denunciar los mismo hechos.

Una de estas mujeres denunció en su declaración ante la Guardia Civil que el empresario le realizó tocamientos en sus genitales y en los pechos, mientras que las otras afirmaron que le había efectuado insinuaciones para que mantuvieran relaciones sexuales pagándoles a cambio cinco o cincuenta euros, añadiendo que estos hechos sucedían porque el empresario conocía perfectamente la necesidad y falta de dinero de estas trabajadoras. Una de ellas manifestó incluso que el empresario le había propuesto "hacer friqui, friqui" (sic) y ofreciéndole a cambio pagarle 50 euros.