Miguel Troncoso, ex concejal de Los Palacios y Villafranca por el PSOE y ex consejero delegado de la empresa municipal Idelpa, ha sido absuelto de un delito de apropiación indebida en una vivienda promovida por la sociedad municipal. Se enfrentaba a una condena de hasta diez años de cárcel que pedía la pareja que compró el piso. 

La sentencia de la Audiencia de Sevilla, a la que ha tenido acceso este periódico, dice que es cierto que las cantidades aportadas por los compradores no se ingresaron en una cuenta especial, separada y garantizada. Pero la realidad es que las viviendas se construyeron, la pareja que le denunció solo había aportado el 20% del precio final y cuando Idelpa entró en quiebra los pisos estaban terminados en un 80%.

Se da la circunstancia de que Troncoso fue condenado por un delito de malversación por firmar, como consejero delegado de Idelpa, un reconocimiento de deuda a favor de una empresa por un encargo de construcción de 142 viviendas. 

Ahora, en un caso derivado de la quiebra de esa empresa municipal, ha sido absuelto libremente en una sentencia que además critica la “bárbara imputación adicional” llevada a cabo por la pareja compradora del piso, que ejerció la acusación particular.

El abogado del ex concejal, Fernando Retamar, informa a este periódico de que la acusación particular elevó a diez años de cárcel su petición por delitos de apropiación indebida y estafa, si bien la Fiscalía solo solicitó dos años por apropiación indebida y la devolución a los denunciantes de 20.368 euros.

La sentencia de la Audiencia indica que en diciembre de 2007 la pareja firmó la compra de una vivienda unifamilar a construir en la pedanía de Chapatales.

Idelpa incumplió la obligación de depositar las cantidades aportadas por los compradores en una cuenta especial y separada. Troncoso dimitió como consejero delegado en junio de 2011 y a finales de ese año la construcción estaba terminada al 79,20%, momento en que Idelpa entró en graves dificultades económicas que determinaron la paralización de los trabajos, según la sentencia.

Ni el acusado se apropió de las cantidades ni el dinero se destinó a otra causa que no fuera la construcción de las viviendas, dicen los jueces.

Es más: “la paralización de las obras podría no haber sido definitiva si la administración concursal, el Ayuntamiento o o la entidad financiadora hubiesen puesto empeño en concluirla”, según el fallo.

Frente a la “realidad incontestable” de que las casas estaban construidas al 80% y de que los compradores solo habían anticipado el 20% del precio final, la acusación particular dejó caer en el juicio “pretendidas sospechas fundadas” basadas en “un mero examen apresurado de los movimientos de la cuenta vinculada”, dice la Audiencia.

Y respecto al delito de estafa que imputó la acusación particular al ex concejal, por el que pidió cuatro años de cárcel, los jueces creen que “roza la temeridad” pues no hay ninguna prueba de tal engaño y la acusación “ni siquiera trató de justificar en su informe” su existencia.