Europa va a tomar cartas en el asunto del eterno retraso del Metro de Sevilla, estancado otra vez por motivaciones políticas que están bloqueando el convenio de financiación del tramo norte de la línea 3, ya que el Ministerio de Transportes (del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos) se niega a que la Junta (PP-Cs) use fondos europeos para pagar, en su mayor parte, el 50% que le corresponde de los 1.045 millones que cuesta la obra.

La Junta tiene urgencia en cerrar el acuerdo de financiación por la caducidad del estudio de impacto ambiental del tramo Norte de la línea 3, vigente hasta el 11 de marzo de 2023  

'Sevilla quiere metro' solicita a Europa "que se analicen los mecanismos actualmente existentes para dotar de los fondos europeos necesarios a este proyecto"

La propuesta de convenio de financiación de la Junta de Andalucía, con el detalle de las anualidades a pagar en siete años, está sobre la mesa del Ministerio de Transportes desde primeros de abril de este año, sin ningún avance. La aportación de la Junta para el primer año es muy escasa: 2 millones de euros, dada la ausencia de presupuestos andaluces en 2022, por el bloqueo de PSOE y VOX. La esperanza del Gobierno de Juanma Moreno es que pueda formar un Gobierno estable, tras las elecciones del 19 de junio, que le permita aprobar un presupuesto para 2023 y, por tanto, inversiones suficientes para el Metro.  

La administración andaluza tiene urgencia en cerrar el acuerdo de financiación por la caducidad de la evaluación ambiental unificada del tramo Norte de la línea 3. Este documento caduca el 11 de marzo de 2023, dentro de poco más de 9 meses.      

La intervención europea en relación al Metro se produce a petición de la asociación 'Sevilla quiere metro', que solicita "que se analicen los mecanismos actualmente existentes para dotar de los fondos europeos necesarios a este proyecto y se puedan ejecutar las líneas de metro pendientes. La entidad recuerda que los fondos Next Generation no pueden destinarse a este proyecto por no poder terminarse la obra antes de diciembre de 2025".

Respuesta de la Comisión de Petición del Parlamento Europeo a 'Sevilla quiere metro'.

En su queja a la Comisión de Peticiones, 'Sevilla quiere metro' señala que recurre a esta instancia europea "debido a la ausencia de respuestas efectivas por parte de las diferentes Administraciones Públicas españolas, en relación a la necesidad de la ciudadanía de Sevilla de contar con un transporte público digno, concretamente una ampliación de sus líneas de metro". La asociación reclama a Europa "que inste a las instituciones locales (Ayuntamiento de Sevilla), autonómicas (Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía) y centrales (Ministerio de Transportes y Ministerio de Hacienda del Gobierno Español) a impulsar el proyecto de metro de Sevilla", ante el retraso que sufre desde hace más de 40 años y los perjuicios que está causando en la gestión de la movilidad del área metropolitana de Sevilla.

En efecto, el pasado 2 de mayo, la asociación 'Sevilla quiere Metro' recibió una carta de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo comunicándole que la Comisión Europea va a llevar a cabo una investigación preliminar sobre la necesidad de ampliar las líneas de Metro en la ciudad de Sevilla ante el retraso que sufre la ejecución de este proyecto. La realidad es que la red de cuatro líneas proyectadas no crece desde que en 2009 se inauguró la línea 1.  

Este paso de la Comisión Europea se produce a instancias de la Comisión de peticiones del Parlamento europeo, que recibió el 9 de diciembre de 2021 la petición de la asociación 'Sevilla quiere metro', avalada por un total de 119 apoyos, en la que se denunciaba que ese retraso del Metro "desde hace más de 40 años, está creando un gran perjuicio en el área metropolitana de Sevilla donde residen 1.5 millones de habitantes".

El escrito del 2 de mayo viene firmado por Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones. En el documento se traslada a la asociación sevillana que su petición ha sido aceptada por considerarse dentro del ámbito de actuación de la Unión europea. Y añade la presidenta que, por ese motivo, se ha pedido a la Comisión Europea que intervenga, para llevar a cabo una investigación preliminar sobre el asunto, además de remitir esta petición a otras comisiones: la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo.