Medias fallidas: el medio pollo, el pollo y medio y los dos pollos

INOPINADAMENTE, el CIS nos arroja sobre la mesa un resultado demoledor tras practicar su primera encuesta sobre hábitos democráticos: el 89,8% de los españoles quieren grandes consensos políticos y casi la misma cantidad de ciudadanos (87,7%) apuesta por desinflamar el debate público. Bajo la tormenta que no arrecia, los españoles reclaman a los políticos que paren el ruido, abandonen la gresca y se pongan de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, en la lucha contra la violencia de género o en una fiscalidad justa. Algo parece fallar en esta primera encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, ¿o es quizás la interpretación respecto al deseo de consenso? ¿Es posible que los mismos votantes de los partidos que protagonizan a diario la bronca sean quienes toman distancia? ¿Ocurre que todo un cuerpo electoral hace abstracción del toque de tambor diario, de las declaraciones, argumentarios y discursos de los suyos para opinar que no, que eso no, que hay que volver al pacto y el consenso? ¿No les gusta el comportamiento de los líderes a los que votan? ¿O es que opinan lo correcto pero votan con renglones torcidos? Raro, todo muy raro, aunque sea lógico el hartazgo que muestra esa media, que es más aritmética que sociológica, y que es el resultado de sumar y dividir las diferentes opiniones.

¿Los votantes censuras a sus partidos?

En puridad, cabría interpretarse que la opinión expresada en la encuesta es un serio correctivo de los propios votantes a sus partidos. Digamos que esta censura demoscópica operaría como una desautorización formal al espectáculo diario de insultos y discrepancias. Sería como evidenciar que los partidos no representan a nadie, o quizás solo a los más cafeteros de cada partido. Pero es que posiblemente no sea así.

Los datos son contundentes: el 52% califica de mala o muy mala la situación política general de España y un 30% la ve solo regular. Esas son las medias. Pero las tablas por recuerdo de voto (las preguntas cruzadas por variables políticas) dicen otra cosa y lo que dicen es más coherente con la crispación y la polarización que padecemos a diario y por lo tanto no se intuye en realidad un abandono de las posiciones de sus partidos. El 96% de los votantes del PP y el 94% de los de Vox consideran que la situación es mala o muy mala. Solo el 0,1% de los votantes populares y ultras ven muy buena nuestra salud democrática. El 0,1% de todo el espectro de la derecha y la extrema derecha. A la vez, el 68% de los votantes socialistas creen que es buena o regular, igual que opina el 74% de los de Sumar.

Interpretando

Por lo tanto, los votantes del PP y Vox comparten casi por completo la idea de sus formaciones y sus líderes de que España es casi un Estado fallido en el que se ha producido un golpe de Estado, gobernado por terroristas y enemigos de España y que camina irremisiblemente hacia una república bolivariana. Aunque algunos hechos les den la razón parcial cuando se tiende al esperpento todo se deforma y nada se parece a la realidad. Eso significan ese 96% y ese 94% de apoyo a la idea de que la situación es mala o muy mala. Siguiendo la misma lógica, es bastante probable que cuando muchos de los ciudadanos que han opinado en la encuesta (6.000 personas en toda España) dicen que hay que pactar la fiscalidad, las políticas de lucha contra la violencia de género o que urge renovar el Poder judicial en realidad lo que quieren decir es que hay que hacerlo como dicen sus partidos y así, mediante ese método de rendición súbita del adversario, acabar con la bronca. Porque PP y Vox consideran que la bronca es responsabilidad del PSOE y Sumar. Y en eso su electorado no parte peras.

Y cuando los votantes socialistas y de Sumar apoyan en un 68% y un 74% la idea de que la salud democrática es buena o regular lo que están diciendo es que mientras que los otros gritan ellos gobiernan, y que sigan gritando que ellos tratarán de seguir gobernando; y dicen que al fin y al cabo su Gobierno saca adelante medidas de carácter social que implican más derechos. Y así, al final de la lectura del informe completo, la conclusión es igual de desoladora que la que extraemos cada día de la coyuntura política: la sociedad está tan polarizada como sus partidos. Por lo tanto, concluyamos que no siempre se puede sacar una media porque es como aquello del pollo y medio para uno y el medio pollo para el otro que, media aritmética mediante, resulta que cada una de las dos personas tiene un pollo. Y no. En España, de hecho, cada día hay un pollo más gordo que el del día anterior.

¡El Congreso ha muerto, viva el Senado!

Entre los muchos males que componen ese pollo diario, el debilitamiento de las instituciones es de los peores. La ocurrencia de la semana de Feijóo es que la soberanía popular ya no recae en el parlamento porque está “entregado a las minorías” por lo que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, es la nueva cámara de referencia. También ha dicho el líder del PP que el TC está dedicado a enmendar al TS, como si el sistema no previera que el TC se ocupe de las cuestiones afectas a la constitucionalidad protegiéndolas jurídicamente de la aplicación de otras leyes. No se puede ser por la mañana megaconstitucionalista y garante top del 78 y por la tarde actuar como un antisistema. Más allá de que guste o no y de que el resultado final sea o no bueno para España, en el Congreso lo único que ocurre es que hay un acuerdo de investidura legal, legítimo y constitucional entre partidos de muy diversa laya –algunos de los cuales nos gustan tan poco como al PP o menos– pero que tienen todo el derecho a utilizar la representación que les otorgan los votos como crean oportuno. De hecho, el PP hace lo mismo y también utiliza su mayoría en el Senado para reformar el reglamento a su conveniencia o para convocar tres plenos mensuales como contrapoder a la Cámara de la Carrera de San Jerónimo.

Delesgitima que algo queda

El PP ya se empeñó en deslegitimar primero la presidencia de Sánchez, en esta y en la anterior legislatura. Deslegitima que algo queda. Y de hecho queda: la idea de un presidente felón está más que instalada en amplias capas de la sociedad. Se les ha confundido deliberadamente. Una cosa es la desaprobación legítima del PP de unos pactos y acuerdos con unos partidos que considera dañinos para el país y otra la legitimidad del presidente para suscribirlos conforme a la ley.

Este cruce entre la pataleta del niño al que nunca le llegó la bicicleta que veía en el escaparate con un irresponsable con trienios políticos en las espaldas resulta peligroso, desalentador y patético. Y en la medida que Vox avance en su campaña en Galicia subirán los decibelios del discurso del PP tratando de sumar votantes ultras.

Junts, ese socio traidor

La semana pasada llevaron al borde del precipicio los decretos anticrisis y las reformas que exige Bruselas para seguir otorgando fondos hasta por 10.000 millones. Esta semana ha tocado traicionar al bloque de investidura (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y BNG) presentando enmiendas unilaterales a la ley de amnistía, contra el acuerdo que mantenía con el resto de partidos. Junts no respeta ni su propia palabra. Está bien que lo tengan todos en cuenta. Lo que iban a ser enmiendas técnicas, ya que hay consenso ente los partidos impulsores de la misma respecto a que la propuesta legal está bien amarrada sabiendo que será sometida a un examen minucioso, se convirtieron de la mano de Puigdemont en una petición para que las medidas de gracia sean aplicables incluso a los independentistas con condenas firmes por terrorismo. Tratan de blindarse así ante algunos jueces, como García Castellón, que atribuyen delitos de terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira. Solo faltaría que una ley pensada para salvarse él mismo de la quema terminara poniendo en libertad al resto de la caterva y dejándolo a él sin amnistía. Al final, podrán librarse porque solo no será aplicable la amnistía en casos de sentencia firme y la ley precederá a una sentencia firme. La consecuencia fue que ERC también se salió del consenso y presentó sus propias enmiendas. A las dificultades propias de gestionar un imposible, hay que añadir la competencia entre Junts y ERC. Por ahí se puede precipitar el hundimiento del barco.

Eso sí, el informe de los letrados adscritos a la Comisión de Justicia del Congreso no deja títere con cabeza y cuestiona la constitucionalidad de la proposición de ley de amnistía y apuesta porque se articule como una reforma constitucional. Un informe ignorado por el bloque de investidura, obvio, pero que veremos si allana el camino de los recursos contra el texto.