Para ser admitidos en el euro se estableció una serie de criterios que los aspirantes tendrían que cumplir. Con la creación del Banco Central Europeo se garantizaba el cumplimiento de tres de ellos (estabilidad de precios, tipos de cambio y tipos de interés), pero los relacionados con el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas (déficit y endeudamiento) quedaban fuera de control. Conscientes del enorme poder desestabilizador de gobiernos irresponsables, se establecieron normas de obligado cumplimiento en lo que se denominó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). El esfuerzo de convergencia realizado por los estados aspirantes a la moneda única no podía caer en saco roto, una vez consumada la integración, así que se estableció el compromiso, con importantes sanciones en caso de incumplimiento, de mantener el déficit y la deuda pública por debajo del 3% y del 60% del PIB, respectivamente.

La realidad, sin embargo, es que el euro nació con trampas. Primero, porque no todos los que se integraron en el proyecto cumplían con los requisitos de entrada, especialmente Grecia, cuya incorporación se demoró algún tiempo, pero que finalmente fue admitida, pese a incumplir la mayoría de las exigencias establecidas. Segundo, porque en los años siguientes hubo al menos otros cuatro casos de incumplimiento con la regla del déficit. Francia, Alemania, Irlanda y Portugal fueron expedientadas, aunque solo Portugal resultó finalmente sancionada. Luego vino la crisis de 2008, los déficits se multiplicaron y la vigilancia comunitaria no tuvo más remedio que mirar hacia otro lado.

España, que venía de registrar superávits presupuestarios entre 2005 y 2007, entró en déficit en 2008 y así se ha mantenido durante los quince años siguientes, hasta el cierre del actual. El endeudamiento es consecuencia de la necesidad de financiar el déficit y el resultado de tanta acumulación ha sido pasar de un nivel de deuda pública equivalente, según Eurostat, al 35,8% del PIB en 2007, al 111,6% a finales de 2022 y 111,2% en el segundo trimestre de 2023, después de alcanzar el 120,3% en 2020, debido al fuerte impacto de la pandemia sobre PIB. En su comparativa con el resto de países europeos, el Instituto Juan de Mariana destaca el estallido de la deuda en España tras la pandemia (14,6% entre el cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2023), el segundo país donde más crece después de Francia (15%).

El deterioro de las finanzas públicas en España y el resto de Europa tiene, por tanto, su origen en la crisis de 2008, pero se acentúa con la crisis de la deuda soberana (2010), tras la negativa de los mercados a continuar financiando el déficit descontrolado de las arcas griegas, y reaparece con toda su crudeza con la pandemia en 2020. La suspensión de las reglas fiscales establecidas en el PEC animó a los gobiernos, a unos más que a otros, al déficit y el endeudamiento, gracias en buena medida a la complicidad del BCE y a su programa de compra de deuda. La posterior invasión rusa de Ucrania justificó la prórroga temporal de la suspensión, pero la presión para retomar el control de la situación ha obligado a los ministros de finanzas a llegar en estos días a un acuerdo sobre nuevas reglas. El objetivo final es que el endeudamiento excesivo no termine por convertirse en una amenaza de inestabilidad, aunque aprovechando la coyuntura para también corregir los numerosos fallos observados en las reglas anteriores.

Entre ellos su excesiva complejidad, que las convertía en poco operativas incluso en su régimen sancionador que, por elevado, resultaba inaplicable en la práctica. El nuevo sistema gana en simplicidad, aunque las criticas denuncian que no suficientemente, y en flexibilidad, pese a mantener los mismos objetivos de referencia. El de déficit sigue siendo el 3% del PIB como máximo y el de deuda pública el 60%, aunque alcanzable de forma gradual y adecuada a las circunstancias de cada país.

Los endeudados en más del 90% del PIB, caso de España, tendrán que apretar más el paso y reducir un 1% anual, mientras que aquellos con deuda entre el 60 y el 90% de su PIB lo podrán hacer un 0,5%.

Con respecto al déficit, el nuevo acuerdo plantea, por un lado, para los que se sitúen por debajo del 3%, continuar con la reducción hasta el 1,5%, con el fin de disponer de margen de maniobra en política fiscal. Por otro, para los incumplidores, la apertura de un procedimiento de déficit excesivo, con sanciones de hasta el 0,05% del PIB. Es bastante inferior a las del sistema anterior, que resultaron inaplicables por excesivas, aunque no consigue desactivar la crítica sobre la incoherencia de penalizar financieramente a quienes padecen estrecheces de esta naturaleza.

También arrecian las críticas sobre el difícil equilibrio entre las nuevas prioridades políticas de la Unión, sobre todo en defensa y transición energética, por sus elevados costes, y los recortes que imponen las reglas fiscales. Conscientes de ello, se acuerda rebajar la presión cuando el esfuerzo presupuestario vaya en la dirección de estas políticas. Se persigue salvar la coherencia, pero a costa de elevar el listón de la complejidad por encima de lo deseable.

La principal novedad reside en el protocolo de relaciones entre estados miembros y la Unión a partir de un plan fiscal, que incluye una senda pactada sobre la evolución del gasto neto. Su duración será de 4 a 7 años en función de las circunstancias particulares de cada país y de la adecuación de sus planes de gasto a las prioridades políticas de la Unión. España tendrá dificultades para ajustar el déficit, pero es probable que consiga reducir la ratio de endeudamiento en 1% anual de promedio en los próximos años, aunque difícilmente conseguirá aproximarse al objetivo del 60% del PIB. La fuerte dosis de flexibilidad que contiene el acuerdo admite, en mi opinión de manera inteligente, esta posibilidad, porque lo importante es señalar con claridad el camino por el que han de discurrir las finanzas públicas en los próximos años y asegurar que en modo alguno lo harán en sentido contrario al deseado.