Se criticó que Gregorio Serrano (a quien no tengo el placer) se vinculara a un despacho (a cuyos socios tampoco conozco) que también contrató a Manuel Marchena. Usémoslo como excusa para hablar de "puertas giratorias".

La ley establece incompatibilidades a los políticos o altos cargos que, una vez abandonada (casi siempre forzados por circunstancias) la función supuestamente pública, pasan al sector privado. Tiene sentido, que se difumina si las restricciones legales, sociales o mediáticas impiden que un político pueda ganarse la vida en el sector privado. La ley no prohíbe a un ex alto cargo devenir empleado de una empresa privada, pero hay cortapisas, sobre todo si ésta está relacionada con el mismo ámbito en el que trabajó en el organismo público de origen. Parece obvio, pero no es simple.

Se critica con profusión al político que entra en una empresa, tenga ésta el objeto social que tenga y aunque sea legal. Abengoa, por citar un ejemplo sevillano, ha tenido a lo largo de los años como consejeros o asesores a varios políticos y muy altos cargos de PSOE y PP, y empresa y personas fueron criticados por ello pese a ser totalmente legal. La estética es importante y en ocasiones se olvida, estoy de acuerdo, pero acaso nos excedemos.

De otro lado, a nadie lo contratan para un puesto en que no pueda aportar nada. Sea conocimientos o contactos. Es una obviedad. Si un señor es un experto en nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, es nombrado alto cargo de la consejería para que ayude a modernizar el tejido agrícola andaluz, y tiempo después deja la consejería, ¿va montar una tienda de recuerdos para turistas o tiene sentido que trabajase en aquello en lo que es experto?

Debe impedirse que los políticos quieran "monetizar" su paso por la política de una manera espuria, ilegítima. O que un juez que ejerció función política quiera regresar a la judicatura, que debiera ser y parecer neutral. Pero es preferible que puedan los políticos ir a la vida civil a que se perpetúen al calor de la ubre pública por imposibilidad de hacer otra cosa. Si no, nadie que tenga una profesión razonablemente interesante y medianamente bien pagada va a querer ejercer una función pública, por temor a un imposible regreso a la normalidad y al estigma del paso por la política. Es una de las causas del bajo nivel medio de los políticos que padecemos.

Los presuntos damnificados del cambio deGobierno andaluz deben poder buscar un acomodo profesional por necesidad propia y por puro interés de la sociedad. La alternativa es que esos cesantes (releamos Miau, de Galdós) se resistan aún más a abandonar sus posiciones, impidiendo la hercúlea e imprescindible tarea de abrir ventanas, aligerar estructuras y auditar recorridos.