Chivo expiatorio

EL gobierno municipal dice que "no procede" actuar contra el delegado de Deportes, Francisco Manuel Silva (IU), ni pedir su dimisión pese a haber sido condenado por destituir a un funcionario del IMD tras la desaparición de la cubierta de la final de la Copa Davis, porque dicho funcionario está ahora en otro destino con un sueldo superior al que tenía cuando estaba a las órdenes de Silva. O sea, que el gobierno PSOE-IU trata de reducir la cuestión a un tema de dinero (que el funcionario gane más o menos cantidad), cuando es mucho más trascendente: la dignidad de una persona (el funcionario ha sufrido un calvario y aún está bajo tratamiento psicológico) y el abuso de poder por parte de un político que destituyó a su jefe de servicio para ofrecerlo como chivo expiatorio a la opinión pública y poder mantenerse así en el cargo. La sentencia judicial que condena al edil es demoledora porque establece que el delegado culpó de la desaparición de la cubierta al funcionario "para diluir su propia responsabilidad, exigida por no decidir dotar a la parcela de un sistema de vigilancia tras depositar en ella para su reutilización en ese mismo solar una valiosa estructura". La juez ha apreciado en Silva una "desviación de poder" , porque actuó "para acallar a la opinión pública, indignada por la falta de vigilancia" y "para presentar al alcalde un cese fulminante". Por todo ello, la Justicia ha condenado al Ayuntamiento a restituir en su cargo al funcionario destituido, que en el ínterin había sido trasladado en comisión de servicio a la Gerencia de Urbanismo. El gobierno municipal dice que no va a pedir la dimisión de Silva porque, obviamente, es parte de ese mismo gobierno municipal, que lo sigue sustentado por el interés mutuo de la coalición PSOE-IU. Con esta declaración, demuestra cuál es su sentido de la ética al seguir manteniendo a un delegado que ha sido desautorizado por la Justicia. ¿Qué habrían dicho Monteseirín y Torrijos si el afectado por este fallo judicial hubiera sido un edil del PP? IU debe evaluar si un político condenado por desviación de poder es digno de representar a Sevilla en nombre de una coalición que se dice de izquierdas y con los valores de la izquierda.