EL cambalache es la técnica de moda en los ayuntamientos y en las autonomías para gastar lo que no pueden pagar. Llevan meses intentando animar el cotarro para que haya sensación de más actividad en favor de los ciudadanos. No sólo con la habitual escalada de inauguraciones, cortada hace tres semanas por la Junta Electoral. Es igual de sistemático cada cuatro años, en la temporada previa a la cita con las urnas, el refuerzo en la organización y contratación de espectáculos, certámenes e iniciativas varias, bajo techo o al aire libre, ya sean educativas, solidarias, culturales, deportivas o festivas. Así ocurre tanto en la capital como en los municipios de la provincia. Quien se tome la molestia de analizar al detalle el periodo otoño 2010-primavera 2011 y lo compare con el bajón del ciclo anterior (2009-2010) y con el socavón del posterior (2011-2012), descubrirá que nada es casual. La mano invisible que intenta mecer la urna, haberla hayla, y la Junta Electoral no puede interponerse en esa forma de distorsionar las cuentas públicas.

Si los ciudadanos tuvieran buena información sobre el volumen de facturas que hay sin pagar en cualquier administración pública de Sevilla, descubrirían que, muchas veces, tras la política de fachada lo único que hay son telarañas. Con posterioridad a las elecciones del 22 de mayo, y sobre todo cuando a comienzos de julio estén constituidos de nuevo los ayuntamientos, la asfixia presupuestaria, la falta de tesorería, las facturas metidas en los cajones para disimular el volumen real de las deudas, y las protestas de los proveedores a dos velas, harán estallar el estado virtual de quiebra técnica de muchas haciendas locales. Todo ello en el peor contexto posible: la obligación de reducir gastos y despedir empleados, dada la presión internacional para que en España las autonomías y los ayuntamientos se aprieten el cinturón y salven la credibilidad del Estado español en sus emisiones de deuda pública.

Dejen algo para julio.