Educar para ser libres

VAMOS a tener que volver a la Revolución francesa y reivindicar "libertad, igualdad y fraternidad", aunque a Ana Botella no le guste. Quizás no sabe que es cuando nace el Estado moderno, con errores, por supuesto, como el de no reconocer la ciudadanía de las mujeres que tardó siglos en lograrse. Toda la acción del Gobierno del PP sólo tiene como objetivo imponer su concepción social, sin margen para la diferencia. "El PP o la nada". Da miedo.

Todo es grave, pero lo de la educación puede ser terrible, por las consecuencias que su aplicación tendrá para el futuro de la sociedad. Suprimir educación para la ciudadanía no tiene sentido, pues esta asignatura sólo quiere enseñar valores democráticos y constitucionales, que nos deben ser comunes, cumpliendo las recomendaciones del Consejo de Europa, en aras de conseguir una sociedad libre, tolerante, justa e igualitaria.

La defensa que la Consejería de Educación está haciendo de sus competencias en materia educativa, defendiendo la igualdad de oportunidades que la Lomce suprime, es muy importante y pone de relieve el sentido profundo de la autonomía. No se puede hacer una ley de educación sin consenso social ni sin consenso autonómico, porque es no entender el Estado de las autonomías ni su reparto competencial.

La ley Wert pisotea los derechos constitucionales, ningunea a las CCAA y olvida la formación integral de niñ@s y ante eso un Gobierno autónomo responsable no puede quedarse parado. No sólo hay que recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, sino también minimizar, dentro de sus competencias, los efectos negativos de la ley.

No han entendido que somos un Estado aconfesional, ni admiten que la religión no debe ser una asignatura; que la tienen que dar, en catequesis, fuera de los colegios públicos. No es "un elemento fundamental en la formación cultural y humana". Por eso es legítimo que la Junta de Andalucía elabore sus propios decretos de enseñanza que afecten al currículo educativo para compensar las desigualdades impuestas, asegurando la calidad de la escuela pública como principal garante de la igualdad de oportunidades, sin recortar becas y protegiendo, con fondos propios, al alumnado expulsado por el endurecimiento de los requisitos de las becas ministeriales y, por supuesto, no permitiendo la educación segregada por sexos financiada con fondos públicos.