DICHO de otra forma, ¿es esta la Unión Europea que queríamos? Podemos estar de acuerdo en que el proyecto de unión económica concebido por Delors a mediados de los 80 queda suficientemente cubierto con la realización del mercado interior y los acuerdos de Schengen. Es cierto que persisten las diferencias de bienestar, de sistemas fiscales o de protección social, pero se puede admitir que hasta la Europa de la cohesión y la solidaridad, es decir, la de los fondos estructurales y la PAC, funcionó satisfactoriamente mientras hubo convergencia y hasta que en la Cumbre de Copenhague se decidió impulsar el proceso de ampliación hacia el este, que terminaría por convertirla en inviable desde un punto de vista financiero. No se puede decir lo mismo de la unión monetaria y mucho menos de la unión política. La primera nació con las reticencias de Suecia, Dinamarca y Reino Unido, que decidieron quedarse fuera del euro, y con la manga ancha con que se recibió en el club a los que no cumplieron con el compromiso de reducir la deuda pública por debajo del 60% del PIB o a la propia Grecia, que entró algo después a pesar de incumplir la totalidad de los requisitos establecidos en Maastricht. La unión política comenzó a desmoronarse con el fracaso del Tratado de Niza y las dificultades para el acuerdo sobre un texto constitucional y se hizo evidente en 2005 con el rechazo en referéndum por parte de franceses y holandeses.

Ahora nos encontramos ante una nueva iniciativa comunitaria, impulsada por Alemania y Francia, para constitucionalizar el techo de déficit de los gobiernos y las directrices de política económica emanadas de la Unión Europea. La clamorosa falta de consenso entre los partidos políticos en el caso de España y el hurto de la consulta popular por parte de los dos más importantes dejan entrever el miedo de los promotores de la iniciativa a que en plena campaña electoral pudiera producirse un rechazo formal por parte de los ciudadanos. Y es que tienen razón los convocantes de manifestaciones de protesta cuando denuncian que se van a ceder a instituciones comunitarias facultades que hasta ahora eran ejercidas de manera soberana por las del estado y que a partir de ahora estaremos más gobernados por Europa. Para los más europeístas, e incluso para los más descontentos con la clase política española, la iniciativa puede tener más ventajas que inconvenientes, pero conviene no perder de vista que el fortalecimiento de su poder ejecutivo hará todavía más evidentes las deficiencias organizativas de la Unión y hasta podría alimentar un rechazo popular que hasta ahora había sido muy débil o inexistente en España. Europa tendrá que revisar su estructura institucional si quiere evitar el rechazo a las propuestas impulsadas por Francia y Alemania que impliquen mayores costes sociales y tendrá que fijar las reglas de juego para la cooperación en la resolución de problemas concretos. También tendrá que revisar el proyecto de unión política, sobre todo porque el déficit democrático de sus instituciones resultará todavía más insoportable con una Comisión Europea reforzada en sus funciones ejecutivas.