NI el novio de Ayuso ni la esposa de Pedro Sánchez son los primeros parientes de dirigentes políticos que se convierten en presas a batir de un tipo de cacería que no distingue entre inocentes y culpables, pecadores veniales o mortales, enchufados o mangantes. Tal como le respondió el Papa a uno de los represores de la cruzada contra los cátaros, usted mátelos que ya Dios sabrá distinguir entre herejes y buenos cristianos.

Por citar algunos: el marido de Susana Díaz, que trabajó de mileurista en una empresa de UGT; la hija de Manuel Chaves, que fue contratada por Matsa; la mujer de Rafael Velasco, cuyo caso le hizo dimitir como vicesecretario general del PSOE-A; la ex directora de la Guardia Civil, o la más reciente esposa de Juan Espadas, la única trabajadora rasa de la Faffe que fue llamada por una comisión de investigación que aún sigue en estado latente en el Parlamento andaluz por si se necesita algún día para utilizarla como arma o como escudo.

Pero ninguno de estos casos es comparable al de Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat valenciana, señalada por jueces, fiscales, medios y contrincantes políticos como encubridora de los delitos sexuales que cometió su ex marido con una menor. La Guardia Civil analizó 48.000 correos electrónicos de su departamento para investigar si ella o algunos de los empleados públicos de la Consejería de Igualdad habían intervenido a favor del agresor o en contra de la víctima. El juez no ha encontrado ni un solo indicio para acusarle como encubridora.

El caso de Mónica Oltra no exculpa a otros, el nepotismo es una vieja práctica de la política, hay muchos dirigentes que han forrado a sus familias y otros que las han amparado de delitos aún más graves, pero avisa, aconseja la prudencia.

Los familiares de un alto cargo están afectados por la actividad del político, porque éstos no pueden adoptar decisiones que vengan mediatizadas por la relación de parentesco, es lo que se llama un conflicto de intereses. Puede que sea una limitación injusta, pero es necesaria para mantener la objetividad a la que les obliga el cargo. En España hay una Oficina de Conflicto de Intereses, pero se encuentra dentro de la administración del Gobierno, no es un organismo de extracción parlamentaria tal como Bruselas ha aconsejado a España.

Cuando la guerra entre clanes se desata, y en España se ha abierto la veda de la caza al contrincante, todo vale porque existe la creencia de que un caso de corrupción propio es menor si se encuentra otro en el contrario. Y si no, se fabrica o se exagera, aquí se dispara con balas que no son de fuego pero matan.