Griñán, citado por la juez

LA Junta de Andalucía ha remitido a la juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares financiados por ella misma -la Junta, no la juez- una denuncia sobre una supuesta trama de dieciocho empresas que habrían recibido 20 millones de euros del llamado fondo de reptiles de la Dirección General de Trabajo del Gobierno andaluz.

La Junta hizo pública su denuncia ayer, pero la envió a la juez el 28 de octubre pasado. Ahora bien, la juez dictó ese mismo día un auto ordenando a la Guardia Civil que abriera una nueva línea de investigación sobre estas ayudas que beneficiaron a personas del entorno del director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y militantes socialistas de la comarca de la Sierra Norte de Sevilla. Ayudas que ascienden a casi 14 millones de euros, repartidos entre once sociedades creadas por el hijo de un antiguo alcalde de El Pedroso, igualmente del PSOE.

Aclarar qué fue antes, si el auto de la juez o la denuncia de la Junta, tiene poca importancia desde que ayer mismo la juez Alaya dio a conocer otro auto que había firmado el 10 de noviembre solicitando a la Administración autonómica documentación sobre las subvenciones concedidas a otras 21 empresas por el Instituto de Fomento de Andalucía y otros departamentos de la Junta. Esto no supone una simple ampliación del ámbito investigado o del colectivo favorecido, porque es la primera vez que en una resolución de Alaya aparecen dos nombres de la alta cúpula del Gobierno regional. Ya andaban en el punto de mira de la juez los que fueron consejeros de Empleo en el periodo de los ERE (Antonio Fernández, imputado que todavía no ha sido llamado a declarar, y José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE sevillano y número dos de la lista al Congreso). Pero los dos nombres que aparecen ahora en el auto por si hubieran tenido que autorizar en su día las ayudas irregulares aún son más significativos: la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y quien lo fue antes que ella, José Antonio Griñán. Hoy presidente de la Junta.

Griñán ha sido citado por la juez. No a declarar en calidad de imputado ni de testigo, sólo citado en su auto como consejero en la época en que dentro del Gobierno andaluz se produjo un reparto arbitrario y no reglado de dinero público y se pagaron prejubilaciones a 72 individuos que nunca habían trabajado en las empresas que presentaban expedientes de regulación de empleo. La propia Junta calcula en 20 millones el botín de las subvenciones irregulares y en 10 el de los intrusos. Las cantidades no son precisamente escasas, pero el nombre de Griñán es más jugoso que cualquier cifra.

Y faltan cuatro días para las elecciones generales.