EL comité de expertos designado por el Gobierno para la reforma del sistema de pensiones comprometida con Bruselas concluyó ayer sus trabajos con un informe respaldado por nueve de sus integrantes y el voto particular de los otros tres. El informe deberá ser remitido por el Ejecutivo a la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, cuyo dictamen pretende negociar el Gobierno con los sindicatos y, lógicamentem, con la oposición. Nace de la necesidad ya perentoria de dar respuesta a la evolución económica y demográfica de la sociedad española, que pone en peligro la sostenibilidad del sistema mismo. Los expertos han coincidido en dos grandes líneas de actuación orientadas a lograr el mantenimiento del sistema de pensiones, que son en realidad dos mecanismos de ajuste y contención del gasto, una vez constatado que el aumento progresivo de la edad de jubilación, hasta llegar a los 67 años, que ya se aprobó en 2011, resulta del todo insuficiente para la conservación del sistema. Por una parte, se trata de desvincular la actualización de las pensiones del índice de precios en cada año, ligándolas de modo irremediable a las cuentas de la Seguridad Social. Ello significa que en coyunturas de crisis y recesión económica, como la actual, con la consiguiente reducción de los ingresos, no se contemplará la subida de las prestaciones prevista en el modelo actual. En la práctica se reflejará en una rebaja de las pensiones durante la crisis y la posibilidad de incrementarlas cuando llegue la reactivación, sin descartar hacerlo por encima del nivel de precios cuando sea posible. Por otra parte, el análisis de los expertos propone, en aplicación del llamado factor de equidad intergeneracional, que la pensión inicial de los futuros jubilados se encadene a la esperanza de vida de cada pensionista en el momento de jubilarse. Los cálculos hechos a raíz del aumento de la esperanza de vida que experimenta la población española indican que este vínculo supondrá una caída media de las pensiones de un 5% en cada década. Conviene subrayar la necesidad de que, en el marco diseñado por los expertos, el Gobierno y los grupos parlamentarios sean capaces de pactar una reforma que, aunque necesaria, admite graduaciones y plazos en su aplicación. Es precisamente lo que busca Mariano Rajoy a fin de que la reforma no traiga un mayor desgaste a nivel político y le conduzca al aislamiento de reformas anteriores, como la del mercado laboral. El PP en la oposición no apoyó la reforma de pensiones, más moderada, impulsada por el Gobierno Zapatero. Haría falta que no se le pagase a Rajoy con la misma moneda. Es una apuesta que importa e interesa a España.