EL Gobierno trasladará en pleno mes de agosto al Congreso los detalles del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, cuyo techo de gasto aprobará en el Consejo de Ministros del viernes, dando lugar a las primeras reacciones de una oposición que calienta motores de cara a las generales y en un conjunto de autonomías, mucho menos receptivas a las propuestas gubernamentales que antes de los últimos comicios. El Gobierno tiene que decidir sobre la continuidad de una estrategia económica con magníficos resultados en términos de recuperación y empleo, pero también con enormes costes sociales y electorales. Cuenta con el margen de la mejora en las expectativas de recaudación, pero también con el inconveniente del difícil cumplimiento con el objetivo de déficit para este año. La apuesta, en cualquier caso, parece clara en el sentido de relajar, al menos temporalmente, los recortes en materias tan sensibles desde un punto de vista social como la sanidad, la educación o la administración de justicia, una vez aceptado el fracaso de los impulsos reformadores iniciales y la correspondiente sustitución en el cargo de sus respectivos responsables políticos. En cualquier caso, no hay que esperar cambios de alcance en las cuestiones de fondo, como el creciente protagonismo de la sanidad o la educación privada.

También el Gobierno andaluz está obligado a elegir. La ampliación del número de consejerías de 11 a 13, entre ellas alguna de contenidos tan marcadamente técnicos como la de Justicia, invita a descartar cualquier expectativa de descontaminación política del espacio que debe ser exclusivo de la sociedad civil. El tamaño más adecuado del sector público y el modelo de interacción con el privado figuran entre las cuestiones políticas más controvertidas. Puesto que entre los 10 países donde el gasto público representa más del 50% del PIB figuran algunos de los más desarrollados del mundo (OCDE, datos de 2011), mucha gente se resiste a aceptar que el tamaño excesivo del sector público pueda repercutir negativamente sobre el bienestar. Como se puede intuir, y trata de explicar la denominada Ley Wagner, el límite lo establece la capacidad financiera de los estados, que lleva a concluir que si en un país como Dinamarca el gasto público es superior al 57% del PIB es porque genera una enorme cantidad de recursos fiscales, que permite una amplia oferta de servicios públicos a sus ciudadanos.

En Andalucía, el sector privado es demasiado pequeño para sostener el sistema de bienestar del que nos hemos dotado, lo que nos obliga a buscar recursos complementarios en forma de transferencias de renta desde otros territorios. En cualquier caso, también la Junta de Andalucía tiene que fijar sus prioridades, con frecuencia en claves políticas tan difíciles de comprender como el mantenimiento de la ruina de Canal Sur, en contraste con el abandono de las escuelas de hostelería. Desgraciadamente, las urgencias presupuestarias del Gobierno de Rajoy no incluyen una alternativa cercana al ya caduco e ineficiente sistema de financiación autonómica, que tan injustamente ha tratado a Andalucía desde que se aprobó en 2009.