¡Vaya semanita!

SEGURO que habrán reconocido lo que plagio en este titular. Es el nombre de un exitoso programa de la televisión pública del País Vasco en el que semana a semana se demuestra un altísimo nivel de salud mental: son capaces de reírse de sí mismos, de sus mitos, de sus costumbres, de sus contradicciones y aún de sus problemas. En una televisión pública, repito.

Una vez reconocida la copia, me concederán que hubiera bastado cualquier hecho de esta semana para hacerla noticiosa, además del que la va a hacer memorable. La comenzamos con una advertencia muy severa de Bruselas sobre el relajo reformista y el aflojamiento del dogal fiscal que parecía ir apuntando el Gobierno, explicable por la impopularidad de unas reformas que eran necesarias y el temor a unas posibles consecuencias electorales a cuya manifestación nos vamos acercando. Nos han dicho -le han dicho al Gobierno-, en un lenguaje amable pero con duro contenido, que las reformas no se han terminado, ni las bastante avanzadas como la reforma laboral ni las que hacen al tamaño del sector público, y que no hay lugar para una relajación de los impuestos. Nos sugieren una reforma fiscal creo que más profunda que la que el Gobierno querría adoptar, con simplificación en algunos impuestos (renta y sociedades), mayor fiscalidad sobre la propiedad (que no es lo mismo que el patrimonio), ampliación de los impuestos ambientales (que no funcionan bien porque su función última es la modificación de conductas que una vez asumidas se traducen, lógicamente, en menor ingreso), y elevación del IVA, entendida como elevación de los tipos de los bienes y servicios bonificados y que es algo que el Ejecutivo rechaza de plano.

En cuanto a las cotizaciones sociales algún día tendremos que enfrentarnos a la realidad, no son más que un impuesto sobre el trabajo por cuenta ajena pagado por el empleador, imprescindible para financiar los pagos de las pensiones actuales pero un serio limitante para el crecimiento de las contrataciones. Otros países, Dinamarca por ejemplo, lo resolvieron hace tiempo con unas cotizaciones muy bajas a cambio de unos tipos más elevados en los impuestos directos e indirectos más altos. Casi coincidieron estas recomendaciones con el hecho público de un plan de estímulo económico del Gobierno, en buena medida una reasignación de partidas presupuestarias porque el ingreso fiscal, la capacidad de endeudamiento y el cumplimiento del déficit no dan para más. Alguien, no recuerdo quién, lo bautizó acertadamente: El Gobierno ya tiene su plan Erre que erre, porque ya sabemos el resultado que dan estas gallardías.

El jueves se produjo el anuncio de medidas de estímulo del Banco Central Europeo (BCE), acogidas con agrado por los mercados y que pueden resultar eficaces si se asegura la traslación de las facilidades de liquidez a la demanda de crédito empresarial, lo que vendrá facilitado por la doble vía de penalizar los depósitos de la banca en el BCE -tendrán que pagar por ello- y vincular la cantidad de dinero que puede obtener un banco al volumen de crédito empresarial que demuestre, con lo cual no se podrá utilizar esta nueva facilidad para comprar deuda pública. La reducción del tipo de interés abarata el coste de este dinero y lo hace más atractivo para convertirlo en crédito al sector privado, a la vez que quizá pueda ayudar a reducir el cambio entre el euro y las monedas de EEUU, Japón y China, aunque los gobiernos de estos países seguramente tratarán de mantener la devaluación velada de sus divisas.

La gran sorpresa se produjo días antes, cuando Su Majestad hizo saber su voluntad de abdicar, mediante la portavocía del presidente del Gobierno. Este hecho que debería formar parte de la normalidad ha abierto la caja de los truenos, obligando a redactar a toda prisa una ley sorprendente con la cual el legislativo viene a dar carta de naturaleza a lo que es, simplemente, una decisión de carácter personal y que simplemente anticipa algo ya previsto por la naturaleza: la sucesión de la corona en el Príncipe de Asturias.

Casi al instante, con mucho más ruido que lectura y reflexión sobre nuestra propia historia, se han alzado las voces que reclaman un referéndum sobre la forma electiva o hereditaria de la jefatura del Estado, asimilando democracia con república. No es necesario mencionar aquí los países admirables en sus libertades que se rigen por una monarquía constitucional ni tampoco las repúblicas caracterizadas, precisamente, por la falta de libertades para ver que ese argumento es inconsistente. Quizá sí sea necesario mencionar lo vacío de la alforja mental de buena parte de los entusiastas de la tricolor.

En primer lugar porque un cambio en la forma de la jefatura del Estado no tiene por sí ninguna virtud taumatúrgica, nuestros problemas serían los mismos al día siguiente porque éstos son mucho más profundos, especialmente los de carácter institucional derivados de la intrusión partidaria, que son los verdaderamente graves.

En segundo lugar porque sería necesario definir el alcance de un presidente de la República. ¿Ha de ser una figura con los poderes tan limitados como le confiere la Constitución actual o caminamos hacia una república presidencialista? Además, ¿cómo elegimos al presidente, por elección directa o se lo encargamos al legislativo? El asunto no es menor, significa elegir entre el modelo de EEUU y Francia o entre el de Alemania e Italia. De momento los abanderados no se han pronunciado. Y si aceptamos que uno de los problemas que tenemos deviene de la invasión que los partidos -y la política- han hecho de todas las esferas institucionales, no veo que sea una solución la de permitirles injerir en el único espacio institucional que les estaba vedado. No está de más que algún espacio les sea ajeno y, de ser posible, sea común a todos los ciudadanos. Piense, por un momento, en quiénes podrían ser los candidatos promovidos por los diferentes partidos. Pues eso. Olvídese de una figura ajena a ellos porque hasta ahora no han permitido que emerja, aunque no es improbable que fuéramos pioneros en tener el primer twitpresident del mundo, sobre todo si podemos seguir plagiando lemas electorales facilones.

Pero además sería necesario definir la forma de la república. Tendríamos que decidir si se construye de "abajo a arriba" o de "arriba a abajo"; es decir, desde los territorios y una federación de éstos o desde las Cortes definiendo las federaciones. Esta indefinición fue uno de los principales problemas de la primera República, a los que no llegó a dar solución una propuesta de definición de territorios federales "similarmente igual" (que diría Manquiña) a los de las comunidades autónomas, casi con la sola excepción de las dos Andalucías, la Alta y la Baja, y que terminó en el invento de algunos "cantones". Pero sí hay una gran diferencia: las capacidades políticas y económicas de las comunidades son bastante mayores que las pensadas en el último cuarto del XIX para los territorios federados. Y en cuanto al alcance de las capacidades autónomas previstas en la II República basta con leer la constitución de 1931 para comprender que la hemos superado de lejos.

Finalmente, pensemos también en términos de rendimiento institucional. Seamos realistas al menos por un instante: la monarquía constitucional ha funcionado muy bien desde 1975. Evidentemente, la herencia no asegura la capacidad de la persona pero los poderes del monarca son limitados en lo ejecutivo y, por el contrario, son muy valiosos en el ámbito relacional, en el simbólico, el de representación, el de la construcción de consensos y de la independencia de opciones partidarias. Tan valiosos que son casi irreemplazables.