EL impuesto de Sucesiones es un impuesto injusto puesto que grava hasta en tres ocasiones un mismo bien: cuando se adquiere, durante su pertenencia y cuando es heredado al fallecer su propietario. Pero, además de eso, sobre este impuesto recae un problema de equidad, debido a la gran disparidad de trato que tiene en las diferentes comunidades autónomas. Por estos motivos, hay que recibir de buen grado el anuncio efectuado ayer por la Consejería de Hacienda, que alivia sustancialmente este impuesto en Andalucía. Nuestra comunidad era una de las que más gravaba la sucesión, hasta el punto de que había andaluces que pagaban hasta tres veces más que un ciudadano de Madrid por el mismo bien. La rebaja se ha producido a las puertas de las elecciones generales del 26 de junio, si bien es cierto que su promotor político, Ciudadanos, se lo venía demandando al Gobierno de la Junta desde que este partido dio su apoyo a la investidura de Susana Díaz. El PSOE también lo llevaba en su programa electoral, y el PP llegaba a más, al solicitar una bonificación total, de modo que quedase como en Madrid, donde se gratifica el 99%. En el año 2014 hubo 5.916 renuncias a herencias en Andalucía debido a que, en efecto, heredar era tan caro por el impuesto que a veces era mejor no hacerlo. A partir de ahora, del ejercicio 2017, la Junta pasa a considerar exentos los primeros 250.000 euros por heredero, y da una bonificación de los primeros 200.000 euros a quienes reciban entre 250.000 y 350.000 euros. El diseño del impuesto sigue pecando de falta de progresividad debido a este salto, hubiese sido mejor bonificar los primeros 250.000 euros para todos los contribuyentes o bonificarlo en una cifra cercana a la de Madrid. No obstante, hay que apuntar que, en términos globales, la carga fiscal de los andaluces ha bajado en este mandato de gobierno, ya que el PSOE también accedió a la demanda de Ciudadanos de bajar el tramo autonómico del IRPF, que se ha recortado en dos puntos lineales. Ahora hace falta que el nuevo Gobierno central que salga de las urnas el día 26 -y esperemos que sea así- armonice el impuesto en las comunidades autónomas. Sin restar a cada una de éstas sus competencias en materia fiscal, no puede ocurrir que el uso de esta autonomía derive en una desigualdad entre españoles. Una vez calculado el dinero que se dejará de ingresar, unos 125 millones de euros al año, el Gobierno de la Junta debe ajustar el presupuesto mediante un recorte en sus gastos; tampoco puede suceder que las rebajas fiscales quieran ser compensadas con un aumento de fondos de otras partidas u otras administraciones. En eso consiste la corresponsabilidad fiscal.