El archivo de Medina Sidonia y la historia de Andalucía

EL reciente libro de M. A. Ladero Quesada Guzmán. La casa ducal de Medina Sidonia en Sevilla y su reino (1282-1521) (editorial Dykinson, 2015) acaba de recuperar para la memoria histórica el papel de aquel estado señorial en la configuración bajomedieval y moderna de Andalucía. Alonso Pérez de Guzmán (+1309), actor de primera línea en la llamada Batalla del Estrecho, y sus sucesores los señores de Sanlúcar, condes de Niebla y (desde 1445) duques de Medina Sidonia llegaron a poner en pie la más poderosa construcción política señorial de la España suroccidental, que sólo Fernando el Católico llegaría a fagocitar asociándola a las empresas de un estado moderno de ámbito peninsular. La historia política, la económica, la social y la cultural se entreveran en esta síntesis que culmina cuarenta años de investigación alternada con variedad de otras líneas en el curso del más fecundo currículum historiográfico del medievalismo hispano actual. Desde el período fundacional, en la fase final de la Reconquista hispana, hasta el de las empresas americanas del siglo XVI, y a través del gran arco de señoríos que va de Gibraltar a Ayamonte el lector avezado en la historia de Andalucía se complace en comprobar cómo la armazón conceptual de la inteligencia histórica se combina con el minucioso detalle en la descripción del impulso demográfico, de los procesos de colonización rural, de las modalidades de articulación de la sociedad nobiliaria y de su lustre. No cabía mejor balance de la información histórica suministrada por el archivo ducal de Sanlúcar en su primera fase contemporánea de apertura.

Bajo los Austrias, Guzmán hubo de aceptar, como toda la aristocracia, un destino cortesano, y asumir de forma delegada el mando de tropas regias, de manera desgraciada en la jornada de la Invencible. Al cabo, como ha demostrado una tesis también reciente (Salas Almela, 2008) sería la renuencia a la rápida ejecución de este último cometido, más que la oscura participación en la conjura contra Felipe IV de 1641, lo que terminaría en la desgracia del IX duque y la confiscación de Sanlúcar, útil para la Corona por la fiscalidad deducida sobre los ingresos del comercio atlántico. Otra conspiración, esta vez contra el valido Godoy, terminaría en 1795 con la carrera política del XV duque, apellidado ya Álvarez de Toledo y duque de Alba consorte.

Dibujados por la historiografía los perfiles de esa impronta señorial sobre el devenir del territorio hinterland del Golfo de Cádiz, es mucho lo que aún aguarda a la investigación de su "intrahistoria": la demografía, las actividades económicas, las relaciones sociales, y las mentalidades y vida cultural tienen su fuente de conocimiento en la documentación del archivo custodiado en el palacio ducal de Sanlúcar. La provincia de Huelva sobre todo, pero también buena parte de la de Cádiz y en alguna medida la de Sevilla, apenas si cuentan con otro depósito escrito de su memoria histórica moderna, que nadie como los doctorandos de las universidades andaluzas están en condiciones de desentrañar. Un depósito que la difunta duquesa Isabel (no tan roja como su primo hermano Jorge Semprún Maura y a la postre, quizás, menos felipista que él) dispuso se custodiara en el que durante seis siglos había sido centro de aquel estado señorial.

El archivo ducal de Sanlúcar es quizás, entre los "históricos", el más importante archivo privado de Europa no porque el poder de los Guzmanes hiciera palidecer al de los duques de Buckingham, de York, de Borgoña o de Baviera, sino porque las revoluciones modernas y otros procesos de construcción estatal han hecho revertir al estado inglés, francés o alemán los fondos documentales emanados de aquellas entidades políticas principescas. Razón de más para que la Junta de Andalucía, copatrona de la fundación celadora del legado archivístico de la casa de Medina Sidonia, sin esperar la sentencia judicial que zanje el conflicto entre los intereses privados de los herederos, garantice la consulta pública y gratuita del archivo en el módulo ordinario de los de titularidad estatal y eclesiástica: ocho horas diarias durante al menos once meses al año. Lo exige la investigación científica -es decir, universitaria- de la historia de Andalucía.