EL debate político parece haber descubierto un nuevo filón de controversia. Sin embargo, para la mayor parte los académicos interesados en estos temas, no deja de ser una cuestión superada, con posibles matices en detalles técnicos menores, pero que reúne un consenso generalizado en lo esencial. A saber, si bien no está en juego el respeto a los regímenes forales de Navarra y el País Vasco, sí que conviene recalcular el cupo vasco y la aportación navarra a fin de eliminar los injustificables privilegios financieros de que disfrutan estas comunidades.

El origen de este asunto se remonta a las anexiones de Navarra y otros territorios al Reino de Castilla a principios del siglo XVI. Durante la Restauración, a finales del siglo XIX, se formalizaron las relaciones financieras entre los territorios forales y el Estado, con las guerras carlistas como telón de fondo. Desde 1937, y hasta la llegada de la democracia en 1978, el régimen foral se mantuvo en Navarra y Álava (fieles al bando franquista en la Guerra Civil). Tras la llegada de la democracia, la Constitución de 1978 reconoce los fueros en forma de derechos históricos y los amplía a Guipúzcoa y Vizcaya. En 2007 se aprueba la última reforma de envergadura, que se aplica hasta el día de hoy.

Desde el punto de vista financiero, la situación institucional (simplificada) es como sigue. A diferencia del resto de comunidades autónomas, las haciendas forales del País Vasco y Navarra ejercen competencias propias y completas (incluyendo recaudación) sobre todas las figuras tributarias devengadas en su territorio, dentro de unos límites de armonización -no exentos de polémica- con el resto del país. Dado que el Estado central sigue prestando a los ciudadanos vascos y navarros servicios financiados por todos los españoles (por ejemplo, representación exterior o defensa nacional), los gobiernos forales deben aportar anualmente recursos (cupo o aportación) a fin de cubrir esas competencias no asumidas en los Estatutos de Autonomía.

La existencia de estos desequilibrios financieros a favor de haciendas subcentrales como la vasca y navarra es una anomalía a escala internacional. Casi tanto como las traídas y llevadas balanzas fiscales, dicho sea de paso. Sin embargo, una tradición centenaria pesó lo suficiente como para ser consagrada a nivel constitucional y hoy jugamos con esa restricción institucional. Descartada -en principio- la eliminación formal de los derechos históricos de estos territorios, conviene pues conocer cuáles son los márgenes de maniobra de su reforma. El problema, conocido desde hace décadas, reside en que el cálculo del cupo/aportación de las haciendas forales a la estatal está sistemáticamente mal estimado, con unos resultados que alimentan un continuo agravio comparativo. Las diferencias en financiación per cápita favorables al País Vasco y Navarra, estimadas según distintos estudios, se sitúan entre un 32% y un 47%.

Las principales líneas de reforma, no excluyentes, serían tres. En primer lugar, reevaluar el gasto asociado a las competencias no asumidas por las comunidades forales y que siguen siendo responsabilidad del Estado. Hay indicios para pensar que el coste estimado es claramente inferior al real, con lo que se estaría minorando el cupo/aportación foral. En segundo lugar, tomar una decisión consistente sobre las cifras de déficit de la Administración Central, que se "transfiere" al País Vasco y Navarra según el correspondiente reflejo que las competencias no asumidas tienen en dicha necesidad de financiación; al día de hoy la confusión metodológica al respecto es importante. Y finalmente, diseñar la contribución que ambas regiones deben realizar a la solidaridad territorial, más allá de la Seguridad Social (ajena a este sistema) y del Fondo de Compensación Interterritorial (en retirada desde hace años). Como es sabido, el sistema de financiación autonómica del resto de comunidades tiene un notable carácter redistributivo y, actualmente, los dos territorios son ajenos a su sostenimiento.

En definitiva, tomando como referencia un resultado razonable a alcanzar, a saber, que la financiación per cápita de competencias homogéneas sea la misma para todas las CCAA, a igualdad de esfuerzo fiscal, la reforma del modelo foral es técnicamente viable. Otra cosa es que los políticos tengan la voluntad y capacidad negociadora que se les presupone.