TRAS tanta especulación, el decreto del autoconsumo terminó por aprobarse el pasado 9 de octubre, víspera del puente del Pilar. La noticia se ha hecho eco en la prensa, pero menos de lo esperable tras el intenso debate. La primera reacción debería ser positiva, pues este sector languidecía en España a la espera de la nueva regulación.

Sin embargo, con la norma aprobada el Gobierno reafirma su escaso interés por las renovables. Si bien es cierto, y bienvenido, que el "peaje al sol" en su parte fija se suprime para los autoconsumidores con menos de 10kW de potencia contratada -la mayoría de los hogares-, se deja abierta una posible suspensión de esta exención si fuera necesario económicamente, incrementando el riesgo de las inversiones en autoconsumo.

La letra del decreto está jalonada de obstáculos a la generación renovable. Plantea limitaciones incomprensibles como la imposibilidad de compartir instalaciones de autoconsumo entre varios usuarios. Esta opción abriría la puerta a la implantación de nuevas tecnologías y estrategias de gestión energética para comunidades de vecinos y barrios, con el consiguiente repunte de un sector industrial apaleado, amén de una mejora en la eficiencia energética. Tampoco ha prosperado la idea del Balance Neto, en vigor en numerosos países europeos, que hubiera permitido a los usuarios compensar parcialmente en la factura el saldo de energía extraída de la red, con la energía vertida a ella a partir de la generación doméstica.

Hay aspectos que no resisten un análisis detallado. Podemos entender que los usuarios que se conectan a la red como respaldo para situaciones de ausencia de suministro renovable (por ejemplo, los días nublados), contribuyan a sufragar los costes fijos de la infraestructura, aunque no consuman energía. Pero de esta idea, razonable en principio, surge un requisito que no lo es: que la potencia instalada de autoconsumo no puede ser superior a la potencia contratada (la que viene de la red eléctrica).

Con esta equivalencia se grava el autoconsumo de manera subrepticia. En primer lugar porque la potencia contratada se ha encarecido de manera sensible en los últimos años, a la vez que se han abaratando los costes variables, que son la única parte que el autoconsumo puede reducir.

En segundo lugar, porque no es proporcionado equiparar los kW instalados de renovables con los kW de potencia contratada. Son unidades similares, pero no miden lo mismo. Según el Real Decreto 413/2014, la potencia instalada en una placa fotovoltaica es la máxima potencia que ésta puede generar. Esta cantidad de pico queda lejos del promedio de energía que realmente está disponible a lo largo del día, y éste se reduce más en periodos no estivales. Por tanto, para suministrar energía suficiente en un hogar mediante renovables, habría que elevar la potencia contratada por encima de la que necesitaría si sólo obtuviera energía de la red. Es decir, aumentan los costes fijos y se acaba gravando el sol.

La equiparación, para ser justa, debería hacerse empleando medidas de consumo energético diario, es decir, relacionando los kWh/día disponibles en la instalación fotovoltaica en un día promedio con los kWh/día normalmente consumidos por una vivienda tipo que se conecta a la red para una potencia contratada dada. Por ejemplo, si una casa tiene una potencia contratada de 4.6kW, podríamos esperar un consumo diario de unos 30kWh, (dependiendo mucho del tipo de vivienda y los electrodomésticos). Pues bien, para generar esa cantidad diaria de energía, necesitaríamos, según una fórmula común, paneles de 7.2kW de potencia máxima. La potencia contratada, según el decreto, tendría que ser casi el doble que la de conexión sin autoconsumo (4.6kW) para tener la misma energía disponible. Una dura imposición, que se acumula tras una considerable inversión en los paneles.

Mucho se ha escrito sobre las puertas giratorias por las que transitan los políticos, y no voy a insistir en ello. En la norma se motiva con profusión la necesidad de garantizar la estabilidad económico-financiera del sector responsable de la generación, transporte y distribución a gran escala, es decir, de las compañías eléctricas. No es un argumento desdeñable, pero hay otros sectores que en un entorno más liberal han sabido replantear sus principios y hacerse más eficientes para adaptarse a los nuevos tiempos, sin abandonar el rol de servicio público. Ya sucedió con las telecos. Hay que dar paso a nuevas empresas, productos y servicios. No lo olvidemos, hace muchos años sabemos que la red eléctrica puede tener otros usos para financiarse. Por ejemplo, precisamente, como una eficiente infraestructura de telecomunicaciones.