La aldaba
Carlos Navarro Antolín
Era urgente guardar silencio, alcalde
La esquina
Yparió la abuela... Por si los grupos parlamentarios de la oposición no tenían bastantes motivos para desconfiar de Susana Díaz por la corrupción heredada, va una juez y les proporciona uno nuevo para rechazar su investidura: una adjudicación minera sospechosa decidida por el Gobierno que preside. Más aún, decidida cuando ya había roto con IU y en la Junta sólo quedaban consejeros del PSOE.
La reapertura de Aznalcóllar tiene para el Gobierno andaluz una carga simbólica impresionante. Porque en esta explotación se produjo en 1998 el mayor vertido tóxico de la historia andaluza, que llevó lodo y desastre a las puertas de Doñana, y porque la nueva concesión fue impulsada directamente por Díaz como ejemplo de recuperación de un sector productivo en decadencia y de yacimiento de empleo en una comarca deprimida.
Con estos antecedentes y esta proyección -y la coyuntura política, además- el proceso de adjudicación de la mina exigía rigor, transparencia y objetividad. Y esto es lo que la juez de Instrucción número 3 de Sevilla no ha encontrado. Le reprocha a la Junta que el procedimiento que culminó en el otorgamiento de los derechos de explotación al consorcio ganador estuvo plagado de irregularidades y careció de "el más mínimo rigor". La concesión se aprobó el 16 de marzo para un periodo de treinta años.
La juez, que ha mandado tomar declaración a la directora general de Industria y a los técnicos que intervinieron en la adjudicación, no la ha hecho por capricho, sino porque el atestado elaborado por la UDEF tras la denuncia de la empresa perdedora confirma que la ganadora no ha cumplido los requisitos mínimos exigidos: no aporta informe oficial sobre su capacidad de obra, no detalla el compromiso inversor, no presenta el seguro de indemnización por riesgos profesionales y no acredita fehacientemente el capital social suscrito y la experiencia en trabajos similares. Ya es mala suerte también que el socio mexicano de la compañía adjudicataria esté implicado en un grave desastre medioambiental en el río Sonora (vertidos tóxicos: ¡cómo en Aznalcóllar hace 27 años!).
La presidenta de la Junta reaccionó ayer con celeridad y paralizó la adjudicación de la mina. ¡Qué otra cosa podía hacer! También el PP la cazó al vuelo: suspendió la reunión negociadora sobre una investidura a la que sólo le faltaba esta sospecha.
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