Lenguas y votos

Junts vuelve a la carga con una propuesta que supera la lógica política y comercial: obligar a todas las grandes empresas en España a atender en catalán, gallego, euskera y valenciano, sin importar su ubicación ni clientela. Presentan la medida como defensa de la “diversidad lingüística”, pero claramente es un peaje ideológico y por presión parlamentaria. La paradoja es flagrante: quienes se niegan a garantizar el castellano en las aulas catalanas exigen que su lengua autonómica se imponga en empresas de Almería o Vigo. ¿Catalán en Burgos? Junts impone el “multilingüismo obligatorio”, sin importar la realidad ni el mercado. No solo imponen el catalán, sino que suman gallego, euskera y valenciano para que esas comunidades no puedan negarse, blindando así la iniciativa bajo la apariencia de igualdad. Se obliga a aceptar un paquete lingüístico completo, aunque carezca de sentido práctico en cada territorio. Junts, partido del fugado Puigdemont, usa estas iniciativas no como reivindicación cultural, sino como arma de negociación para seguir siendo clave en la supervivencia de Pedro Sánchez en La Moncloa mientras se les acaban las exigencias. Lengua por votos: Junts sube la tarifa con una propuesta que tiene poco de pluralidad y mucho de chantaje político. En nombre de la pluralidad, se vulnera la libertad de empresa. ¿Diversidad o imposición? Junts obliga a las empresas a “ser plurales”, aunque nadie lo haya pedido. La propuesta podría chocar con principios constitucionales: ¿por qué una empresa en Burgos debe contratar personal que hable catalán si su mercado no lo demanda? ¿Es este el enriquecimiento lingüístico o un intento de extender la política identitaria a todo el Estado? La medida nace del cálculo estratégico de quienes no quieren perder su presencia en el Congreso. La lengua se convierte en moneda de cambio, un capítulo más del chantaje parlamentario disfrazado de defensa cultural. Mientras el catalán se impone donde no se habla, el castellano se prohíbe donde sí se necesita. La pregunta no es si las lenguas cooficiales merecen protección, sino si deben ser impuestas en nombre de una igualdad que no es recíproca. Este es el precio que pagamos por mantener viva una mayoría parlamentaria. Empieza la conquista independentista a toda España. No contentos con irse, pretenden borrar nuestras identidades. El riesgo no es solo económico o institucional, sino cultural: una homogeneización impuesta. Lo que debería unir se usa para dividir. Y lo que debería protegerse se convierte en herramienta de confrontación.