UNA de las noticias que más se han destacado en toda la prensa nacional de estos días es la de la reducción de la inversión en infraestructuras públicas en los Presupuestos generales del Estado, presentados el lunes en el Congreso.

Para muchos, el gasto en infraestructuras significa, con carácter inmediato, creación de empleo. Para otros, significa desarrollo económico del área en donde las nuevas inversiones se materializan. El primero, sólo es aplicable cuando no existen restricciones a la financiación pública, al contrario de lo que ahora ocurre. Además, adolece de una perspectiva miope: es más importante el efecto a largo plazo sobre el crecimiento que a corto sobre el empleo o la renta. Respecto del segundo, la evidencia muestra de forma aplastante que las infraestructuras, por sí mismas, no garantizan el desarrollo económico. Es la actividad del sector privado -que se apoya en las infraestructuras- la que lo explica.

En España, durante toda la década de los noventa y hasta el año 2008, la actividad pública de inversión en todo tipo de infraestructuras, discurrió a un ritmo de vértigo.

¿Ha contribuido esa inversión al crecimiento económico? Lo ha hecho, naturalmente, sobre todo en las primeras etapas, cuando el stock de infraestructuras era muy reducido y existían evidentes cuellos de botella para la actividad económica. Sin embargo, en la medida en que esos cuellos de botella se han ido reduciendo, la contribución de las infraestructuras al crecimiento también lo ha hecho. Refiriéndonos a ejemplos extremos, la contribución de algunos de los aeropuertos construidos es negativa porque su aportación al crecimiento de la renta ni siquiera alcanza para amortizar la inversión realizada.

En todo caso, comparaciones internacionales nos pueden ayudar a saber dónde estamos. Un reciente estudio del Mckinsey Global Institute muestra que el stock de infraestructuras con relación al PIB alcanza un nivel aproximado del 70% en los países occidentales. Los últimos datos comparables se refieren al año 1998. En ese año España alcanzaba ya un nivel del 73% y sólo era superada a nivel mundial por cinco países.

Dado que el ritmo de inversión desde ese año hasta 2008 continuó siendo muy elevado, probablemente nos encontremos hoy en el tercer lugar mundial, sólo por detrás de Japón y China y por delante de Alemania, EEUU o Francia. No parece que incrementos adicionales en el stock de infraestructuras vayan a contribuir a la competitividad y el crecimiento. Esto no quiere decir que no haya que invertir, pero para casos muy concretos y, en todo caso, para el mantenimiento de las mismas. Pero hay que parar el AVE a Badajoz -sin conexión con Lisboa- y no tener prisas ni en acabar al AVE a Galicia ni el que una a Sevilla con Málaga.

Nuevos criterios económicos más exigentes deberían aplicarse ahora y en el futuro para acometer proyectos, siguiendo los criterios de países más desarrollados, en donde se tienen en cuentan factores sociales, pero en los que no se permiten barbaridades económicas.

Necesitamos crecer y crear empleo, cuanto antes. Pero olvidemos para siempre el papel que las infraestructuras públicas han jugado en este país en las últimas dos décadas porque es inservible e irrepetible.