NO es normal ni deseable que la Administración de Justicia de un país desarrollado pueda quedar paralizada por una huelga como la que han convocado para hoy los secretarios judiciales mientras los jueces se reúnen en juntas generales. El detonante de estas protestas tiene un sentido corporativo innegable: los secretarios rechazan la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a su compañera Juana Gálvez por su actuación en torno al caso Mari Luz, en tanto que los jueces se solidarizan con el juez del mismo caso, Rafael Tirado, al que destacados miembros del Gobierno insisten en castigar con mayor dureza de la que lo hizo el Consejo del Poder Judicial, también por el mismo incidente (la no ejecución de la sentencia que debía llevar a prisión al pederasta Santiago del Valle, que presuntamente asesinó estando indebidamente en libertad a la niña Mari Luz Cortés). No obstante, sería erróneo atribuir la movilización de hoy a una pura demanda de exculpación de ambos agentes judiciales. Lo que van a poner de relieve los secretarios judiciales y, a su manera, los jueces es la situación insoportable de carencia de medios y falta de coordinación en que se administra la justicia en España. Los sucesivos gobiernos han ido demorando la dotación de elementos materiales y humanos de los que los juzgados carecen, incluso después de que la ley orgánica del año 2004 lleve cinco años aprobada y no se haya desarrollado para cumplir su objetivo principal: delimitar las tareas judiciales para que los jueces se dediquen a sentenciar y hacer cumplir las sentencias y los demás agentes realicen las tareas de organización e intendencia que se hacen imprescindibles para que la Justicia funcione como demanda una sociedad moderna del siglo XXI. La verdad es que los gobernantes, antes y ahora, han estado más pendientes de politizar la Justicia y controlar el funcionamiento del Consejo del Poder Judicial que de asegurar la correcta marcha de los procesos judiciales. El juez y la secretaria del caso Mari Luz deben ser sancionados, pero el Gobierno y, en general, el Parlamento no pueden irse de rositas usándolos como chivos expiatorios para eludir su clara responsabilidad en este desbarajuste.