LOS datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 vuelven a ser dramáticos. Los parados aumentan en 300.000 y alcanzan los 5,3 millones, de los que el 44% lleva más de un año en esta situación y ya hay más de 1,5 millones de hogares con todos sus miembros desempleados. La tasa de paro se eleva al 23% y al 48% entre los menores de 25 años, aunque lo peor de todo es que para este año se espera que se repita el dato del pasado y el número de parados vuelva a aumentar en más de medio millón. En Andalucía la situación es todavía más grave puesto que el millón y cuarto de desempleados lleva la tasa de paro hasta el 31%, hasta el 55% entre los jóvenes de menos de 25 años y al 44,6% entre los de menos de 30.

Estamos ante un problema cuya naturaleza excede ampliamente los límites de la economía y adquiere los tintes de un problema político central, que exige un golpe definitivo de coraje político frente a la complacencia de los agentes económicos y sociales con la situación y su cinismo para volver a solicitar la desactivación de la reforma laboral. Investigadores de Fedea demuestran, a partir de los datos de la EPA, que la probabilidad de perder el empleo entre los jóvenes de menos de 25 años es un 50% mayor que entre los de 25 a 35, entre los que también la probabilidad es muy elevada. También aumenta la probabilidad entre los que tienen contratos temporales y entre los de menor antigüedad, lo que significa que el desempleo siempre se ceba con los mismos, dando lugar a una situación insostenible desde el punto de vista de la justicia social. Claro que tienen razón los sindicatos cuando defienden que la destrucción de 2,7 millones de empleo en España desde 2007 y de 470.000 en Andalucía son muestra suficiente del tremendo grado de flexibilidad laboral que ya existe, pero evitando señalar la injusticia que supone que siempre sean los más débiles y desprotegidos, especialmente jóvenes e inmigrantes, los perjudicados.

Bruselas obliga al Gobierno español a ponerse las pilas y es probable que la respuesta a su demanda para suavizar los compromisos de corrección del déficit público quede vinculada a la firmeza de la iniciativa en materia de reforma laboral y financiera. Europa, es decir, Alemania y su zona de influencia, darían de esta manera un giro radical a su doctrina de no interferencia de la política en la economía, aceptando que la prevención, es decir, la limitación normativa al más alto nivel, puede producir mejores resultados que los dolorosos e inútiles programas de recortes aplicados hasta el momento. En realidad se trata de una imposición casi humillante sobre las debilitadas economías mediterráneas, obligadas a aceptar la subordinación las políticas de empleo a la solución de las crisis bancarias y de deuda soberana, a pesar de que Europa es perfectamente consciente de que las cifras de paro en España y en el resto del Mediterráneo son incompatibles con un mercado único y una misma moneda. La cuestión es que, también con el coraje político necesario, España debería ser tan capaz de levantar la voz sus parados frente al resto de Europa, como Andalucía frente al resto de España.