En una situación como la actual, en la que la falta de reservas hídricas se convierte en un problema social y económico de enorme gravedad, plantear una política realista de trasvases de cuencas excedentarias a otras deficitarias adquiere pleno sentido. Una de las consecuencias más negativas del desarrollo autonómico del Estado ha sido las guerras del agua. Algunas regiones han hecho casus belli de su negativa a permitir que otras comunidades pudieran beneficiarse de sus recursos. Los casos del Ebro, que vuelve estos días a la discusión pública, o la pugna permanente a cuenta del trasvase Tajo-Segura son casos suficientemente elocuentes que reflejan comportamientos de características muchas veces cantonalistas. En el origen del problema está la falta de una auténtica política del Estado con respecto a la gestión del agua que contemple que este es un bien al que todos los españoles tienen derecho por igual. Los trasvases son, en este sentido, un elemento de solidaridad y de vertebración territorial clave en la planificación estatal. No pueden estar sometidos a visiones egoístas. Desde Andalucía, donde la escasez de agua es un problema estructural y la falta de inversión en infraestructuras hidráulicas un déficit más para su desarrollo, este problema se percibe con nitidez, sobre todo en la parte oriental, donde se ha desarrollado un sector agrario dinámico y de importancia estratégica para la región. La exigencia expresada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la última reunión del Comité de Expertos contra la sequía de considerar los trasvases una herramienta básica de planificación, es plenamente coherente con estos planteamientos. Lo es también contemplar la posibilidad de que pudiera llegar a la zona más occidental de la región agua de la presa portuguesa de Alqueva, una de las mayores de Europa. Se trata, en definitiva, de activar mecanismos de solidaridad y de lógica económica. La regulación hidrológica no puede quedar supeditada a visiones localistas y estrechas.