Un mes y medio después de que los datos del Informe PISA reflejaran los enormes problemas de calidad del sistema educativo español, el presidente del Gobierno anunció el pasado fin de semana que los próximos Presupuestos dedicarán 500 millones de euros a acciones de refuerzo del aprendizaje de las matemáticas y de la compresión lectora. Más allá de subrayar lo exiguo de la cantidad y el hecho de que una vez más Pedro Sánchez aprovechó un mitin de su partido para publicitar una actuación del Gobierno, lo que hizo el presidente fue asumir la constatación de un fracaso. El último informe PISA, publicado a primeros de diciembre, reflejaba un acusado retroceso del alumnado español en los aspectos señalados por Sánchez, aunque es necesario reconocer que en sus resultados se dejaban sentir las consecuencias del parón educativo que se produjo durante la pandemia. Es evidente que España tiene un problema de calidad en la enseñanza, que es consecuencia de una nefasta planificación de una materia que es una de las políticas clave del Estado. Las leyes y los sistemas han cambiado al ritmo de la alternancia política sin que haya podido consolidarse un modelo que perviviera en el tiempo. Y se ha olvidado de forma sistemática que la educación es la inversión de mayor capacidad estratégica y de futuro que puede hacer una Administración. Como en el resto de los indicadores de desarrollo y bienestar, Andalucía no tiene en la cuestión educativa motivo para sentirse satisfecha, sino todo lo contrario. La región, a pesar de los esfuerzos presupuestarios que se han realizado, se mantiene a la cola de las autonomías españolas, compitiendo con Canarias, Ceuta y Melilla, por lo que el fracaso nacional se refleja en Andalucía todavía con mayor intensidad. Los 500 millones anunciados por Sánchez van a servir de poco mientras que la educación no sea considerada una auténtica política de Estado y se saque de las estériles discusiones partidistas.