El decimoquinto aniversario de la desaparición y asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo vuelve a traer a primer plano un caso que constituye un fracaso estrepitoso tanto de las Fuerzas de Seguridad como del estamento judicial. Marta, que entonces tenía 17 años, salió de su casa el 24 de enero de 2009 para encontrarse con su ex novio Miguel Carcaño. Nunca volvió y su cuerpo todavía permanece en paradero desconocido. Ni durante la investigación policial ni en el juicio que se celebró, las personas implicadas en la muerte y desaparición revelaron datos que condujeran a la localización del cadáver. Solo uno de los procesados, el autor confeso del asesinato, Carcaño, permanece en prisión y saldrá, previsiblemente, dentro de seis años tras cumplir su condena. Durante todo el tiempo la familia, con una dedicación y una dignidad elogiables, ha mantenido viva la llama de un caso en el que siguen siendo muchas más las incógnitas que las certezas. Cada nueva vía que se ha abierto en la investigación se ha sustanciado sin éxito, lo que ha impedido que la familia haya podido cerrar un duelo que ha marcado su existencia desde hace una década y media. No parece que la última posibilidad, la clonación del móvil que en el momento de los hechos utilizaba Carcaño, vaya a tener un resultado diferente. La impotencia policial y judicial para desentrañar un caso que ha provocado tanto sufrimiento deja al descubierto errores que afectan al sistema de protección de los ciudadanos. Más allá de lo terrible de los hechos que ocurrieron en 2009, es evidente que los derechos de los familiares de Marta a conocer el paradero de sus restos y a darle sepultura no se ha visto respetados. Las personas que lo saben, por razones que nunca se han podido establecer, lo han ocultado, sin que policías, fiscales o jueces hayan podido resolver el enigma a pesar de los muchos años que ya han transcurrido.