La degradación sufrida por la política española en los últimos meses ha sido de tal magnitud que la mayoría de los ciudadanos la perciben como un permanente intercambio de insultos y descalificaciones que no llevan a parte alguna, en medio de una tensión que la hace insoportable. Dentro de este clima, las sesiones del control al Gobierno que semanalmente tienen lugar en el Congreso están marcando unos niveles propios de peleas de taberna. Se pregunte lo que se pregunte por parte de la oposición y se responda lo que se responda por parte del presidente y los ministros, todo se hace trufado de descalificaciones personales, acusaciones de corrupción y amenazas, adobadas de griterío y pateos. Cualquier atisbo de debate civilizado o de discusión de propuestas brilla por su ausencia. Es lícito preguntarse si la clase política es consciente del mensaje que transmite y de cómo lo reciben sus destinatarios, que no son otros que los ciudadanos a los que, teóricamente, representan en la Cámara. Se han alcanzado unos límites que obligan a hacer una seria reflexión sobre lo que está pasando. Un repaso a las últimas sesiones de control da como resultado un catálogo de barbaridades que avergonzaría incluso a los diputados más amantes de la bronca. En este caso, como en muchos otros que afectan al día a día de la política, la responsabilidad hay que repartirla a partes iguales entre las dos fuerzas mayoritarias. Ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo están a la altura de los mínimos exigibles a dirigentes cuyos partidos representan a la inmensa mayoría de los votantes. El mero hecho de que parezcan cómodos chapoteando en el barrizal en el que se ha convertido el Parlamento revela un bajísimo nivel. No hay encima de la mesa elementos que permitan pensar que esta crispación permanente vaya a amainar en los próximos meses, sino todo lo contrario. La política española continúa en caída libre y la gente cada vez está más desconectada.