En una semana marcada en toda España por la saturación de la Atención Primaria y el aumento de las hospitalizaciones por el pico de incidencia de las infecciones respiratorias, la política sanitaria vuelve a ser un elemento fundamental del debate nacional. En Andalucía esta situación se ve además condicionada por el caos que se ha adueñado de la Consejería de Salud de la Junta tras la salida de sus principales cargos políticos, pero no de la consejera, en una crisis que se ha intentado parchear pero que no está, ni mucho menos, resuelta. En este contexto, es pertinente insistir, una vez más, en que a pesar de los indudables esfuerzos que se han realizado en los últimos años, Andalucía se mantiene en el vagón de cola en lo que se refiere a gasto sanitario por habitante. Este es un indicador básico de calidad que refleja también la atención que la Administración concede a una cuestión que es estratégica en la política autonómica. En cualquier estadística en que el divisor sea el número de habitantes, los datos de la región se ven condicionados por el hecho de que ni la despoblación ni el envejecimiento son problemas de la magnitud que se soporta en otras zonas del país. Aun así, la situación de la sanidad andaluza adolece de problemas estructurales que aconsejarían una política inversora que ayudara a mitigar los efectos de unos déficits asistenciales que se han revelado como uno de los factores que provocan mayor descontento social. Parte de la culpa la tiene la infrafinanciación crónica que padece Andalucía por una política que ha favorecido a unas comunidades en detrimento de otras. La lista de las regiones que menos invierten en sanidad por habitante coincide, como no podía ser de otra forma, con la de las que se ven más perjudicadas por el sistema de financiación, como es el caso de Murcia o de la Comunidad Valenciana. Esta circunstancia no oculta el hecho de que Andalucía necesita un giro en su política sanitaria y de que este es el principal reto que tiene planteado Juanma Moreno.