El Gobierno se enfrentará este miércoles a un pleno de alta tensión, debido a que las alianzas con sus socios están basadas en la desconfianza mutua, a pesar de haber aceptado casi todas sus peticiones, incluida la ley de amnistía. Junts, el partido de Carles Puigdemont, mantiene que votará en contra de la aprobación de tres reales decretos que deben aprobarse ese día. Son los textos de las medidas anticrisis, fundamentales para recibir otros 10.000 millones de euros de Bruselas; el llamado ómnibus, que incluye diversas materias relacionadas con la Justicia, y otro sobre medidas de conciliación de Trabajo. El argumento de Puigdemont es que el decreto sobre Justicia, que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que la aplicación de la amnistía se detendrá en aquellos casos en los que un juez presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Una cuestión prejudicial es una consulta ante este tribunal para resolver alguna duda sobre el Derecho comunitario, y la aplicación de la ley de amnistía entra dentro de este supuesto: de hecho, la reforma del miércoles sólo afianza una costumbre que es la habitual, pero que pone en duda el artículo de la ley de amnistía que estipula que ésta se aplicará en un plazo de dos meses a partir de su aprobación. Junts no sólo votará en contra del este decreto, sino también de los otros dos, en cuyo caso sólo el PP podría salvar al Gobierno, pero esto no es realista. Aunque el próximo reembolso de las ayudas europeas beneficie a las comunidades autónomas, el PP no puede salvar al Gobierno en una primera votación en la que aún se hace más evidente el chantaje de los independentistas catalanes. Si los decretos fuesen rechazados, el Ejecutivo tendría que comenzar de nuevo el trámite y prestarse a una negociación seria con el PP. Por si fuese poco, los aliados de Podemos, críticos con Sumar, también han anunciado su voto contrario a uno de los decretos.