Las gafas han logrado poner de acuerdo a todo el arco parlamentario de Andalucía, algo inaudito en estos tiempos de polarización. Pero cuando la política es capaz de superar sus dioptrías partidistas, se gradúa la auténtica visión que puede ofrecer a la ciudadanía como imprescindible servicio público. La Cámara autonómica respaldaba la pasada semana una proposición de ley presentada por el grupo Adelante Andalucía. La iniciativa pretende incluir los productos ópticos en la lista de los que ahora financia la Seguridad Social. Gafas gratis para medio millón de menores andaluces y casi un millón adultos en situación vulnerable. La memoria cifra en 50 millones el coste en la comunidad si la cobertura es sólo infantil y 90 millones si se extiende a la población necesitada. 260 millones y 447 respectivamente si se traslada al ámbito nacional. Quizá ahí encontramos la clave que explica la facilidad del acuerdo. Finalmente, sería la Administración central la encargada de afrontar el gasto. Por eso la propuesta inicia ahora un recorrido por la Comisión de Sanidad para convertirla en ley. Y, tras su aprobación por mayoría absoluta, de nuevo el Pleno del Parlamento, tres diputados deberán defender la norma en el Congreso. El paso obligado para modificar la actual cartera de prestaciones que incluye el Sistema Nacional de Salud. Pero no se puede asumir que cientos de miles de andaluces sufran problemas para adquirir unas gafas o unas lentillas, o sustituir un cristal cuando se rompe. Que aguanten hasta cinco años para no cambiarlas, cuando la recomendación de los oftalmólogos es variar cada dos. Adelante incluso ha apelado a una encuesta del INE que sitúa a la región siete puntos por debajo de la media española en utilización de lentes. La vista no es un sentido de lujo, que penalice a los que no puedan comprarse unas simples gafas. Hay que felicitarse porque la política dé un paso para intentar solucionar su miopía.