Es habitual que el Rey pida respeto para las resoluciones judiciales y que abogue por la independencia del Poder Judicial, pero la solicitud que Felipe VI realizó el miércoles pasado en Barcelona debe sonar como un aldabonazo. Primero, porque lo hizo delante del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que es el negociador del texto con Junts, un partido que desprecia, de manera pública, al Estado y ataca de modo constante a los jueces como los supuestos urdidores de una campaña política contra los independentistas. Lo que ocurrió en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 fue un intento ilegal de segregación de una parte de España, por lo que los jueces y fiscales tenían la obligación de actuar contra sus dirigentes, promotores y ejecutores. El juicio que se celebró en el Tribunal Supremo contra los primeros fue un ejercicio de transparencia y de pulcritud garantista. Y segundo, el Rey defiende la “independencia de la Justicia” cuando se intenta revisar desde el ámbito político las sentencias judiciales. Y no se trata sólo de la ley de amnistía, sino de la voluntad expresa de Junts de que algunas comisiones constituidas en el Congreso de los Diputados puedan investigar las decisiones judiciales para reconsiderarlas. Si esto ocurriese, supondría un deterioro mayúsculo del Estado de derecho. Esta intención se ha visto acompañada de constantes descalificaciones e insultos a varios jueces desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Felipe VI realizó esta intervención en la entrega de despachos a la nueva promoción de jueces. Hay que destacar las palabras en este acto del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guillarte, cuando les dijo a los jóvenes jueces que sus decisiones futuras no podrán revisarse en instancias distintas a las judiciales. “¡Déjennos en paz! –sentenció–. La independencia judicial es bidireccional: yo no influyo en la actividad política, ni quiero que influyan en la mía”.