Uno de los asuntos que la nueva vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, debe solventar este año es el nuevo modelo de financiación autonómica. Aunque ésta es una tarea pendiente desde hace lustros –el actual modelo es de 2009–, las obligaciones contraídas por el Gobierno con los independentistas catalanes llevarán a una negociación que, forzosamente, se abrirá a todas las comunidades, aunque la Generalitat reivindique el acuerdo bilateral. Las pretensiones de ERC y Junts pasan por sacar a Cataluña del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) o de alcanzar una singularidad que signifique de facto lo mismo, de modo que consiga un modelo similar al foral. Ni Andalucía ni el conjunto del país pueden permitirlo, porque agravaría una asimetría que ya viene provocando que el gasto por habitante en sanidad, educación y servicios sociales no sea igual en todo el territorio nacional. Es posible que el Gobierno intente encontrar una vía intermedia, pero esto tampoco debe ser aceptado por Andalucía. A nuestro juicio, el criterio básico del reparto de los fondos del Estado entre las comunidades debe ser el de la población. Lo que ha venido ocurriendo es que la cesión creciente de parte de la recaudación del IRPF e IVA a las autonomías, que ya es del 50%, así como la creación de otros fondos para compensar a las comunidades que más recaudan terminan por pervertir ese criterio básico. Pero la responsabilidad del nuevo SFA no sólo corresponde al Gobierno, también al PP porque es el partido que gobierna la casi totalidad de las comunidades. También es hora de que el PP nacional deje de escudarse detrás de sus gobiernos regionales y proponga un modelo que sirva de base de negociación, porque hasta ahora Andalucía, Valencia y Murcia defienden algo distinto a lo que proponen Galicia y Madrid. Es necesario subrayar que, sin el PP, es imposible aprobar el nuevo sistema.