Si algún ingenuo, más allá del Gobierno y sus voceros, albergaba todavía la ilusión de que la amnistía a los responsables del intento secesionista de 2017 iba a ser un instrumento de convivencia y reconciliación, el discurso del jueves de Carles Puigdemont le habrá devuelto a la realidad. Al tiempo que confirmaba su intención de presentarse como candidato a presidir la Generalitat, algo que nadie dudaba que haría, el fugitivo de Waterloo hizo un alarde de desprecio a los que le han hecho una ley a su medida y dejó claro que su único proyecto político es volver a hacer lo que dejó a medias hace siete años. Sabe que tiene la sartén por el mango con sus siete diputados en Madrid que garantizan que Pedro Sánchez siga en la Moncloa y hará valer esa posición de dominio hasta el final. No es descartable que, en función de los resultados de las elecciones del próximo 12 de mayo, se produzca una situación inversa a la que se vivió en el Congreso y sean los socialistas los que abran a Puigdemont la vuelta a la Presidencia catalana para que desde ahí vuelva a poner en jaque la cohesión nacional. Con ello sueña el todavía fugitivo porque sabe, por experiencia cumulada en los últimos meses, que Sánchez está dispuesto a cualquier concesión que le presente. Si los socialistas no logran en las elecciones un triunfo que les permita gobernar, la amnistía sólo habrá servido para que Puigdemont, sólo o en compañía de Oriol Junqueras, repita la jugada. Y si el PSC de Salvador Illa logra imponerse, Sánchez puede ver comprometidas las alianzas que le permiten seguir desarrollando una legislatura cada día más incierta. En cualquiera de los casos, la amnistía va a ser un precio demasiado alto pagado por un Gobierno sin otro rumbo que su propia supervivencia. La convivencia y la reconciliación quedan como eslóganes huecos para consumo de incautos.