El presidente del Gobierno ha anunciado una ley integral de protección de menores en internet. El objeto principal es impedir su acceso a los contenidos pornográficos. La intención de Sánchez es alcanzar un acuerdo con webs, buscadores y plataformas para que implementen un sistema de verificación para que sólo los adultos puedan visionar este tipo de contenidos. Los datos del Ejecutivo para justificar la urgente iniciativa, sin embargo, son poco novedosos. Un tercio de los menores tienen al porno como única referencia para su información afectiva-sexual. Una quinta parte inicia su consumo a los 8 años, porcentaje que se eleva al 70% al alcanzar el tramo de edad de 15 a 17 años. Las estadísticas evidencian la realidad. En septiembre, la Fiscalía General del Estado alertaba del “alarmante” aumento de las agresiones sexuales perpetradas por menores en el último lustro en España, con un incremento del 116%. La sección de Sevilla del Ministerio Público no dudaba en señalar como principal causa la falta de una adecuada educación en materia ético-sexual y a este acceso precoz al material pornográfico, sobre todo el violento. En octubre arrancó en Andalucía la mesa de trabajo del Parlamento andaluz con este fin por la que pasarán 130 expertos. Pero legislación ya existe para abordar este problema. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea exige “medidas específicas para proteger los derechos de los menores, incluidas herramientas de comprobación de la edad y de control parental”. Y la ley audiovisual española actual corre en paralelo con demandas similares. Pero el articulado se incumple y no se detectan ni castigan la mayoría de las infracciones. Pese a la alarma, el porno supone la punta del iceberg de un problema integral de formación. Las familias y los colegios no pueden huir de sus responsabilidades. Ni la Administración emprender una cruzada digital para ponerle puertas al campo.