La exigencia de financiación privilegiada presentada esta semana por Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, tiene mucho de órdago electoral. Pero no conviene minusvalorarla porque tiene todos los ingredientes del próximo escalón que quieren conquistar los separatistas aprovechando la debilidad del Gobierno de la nación, que no ha dudado en ceder a cuantas pretensiones se le han presentado. Aragonès pone encima de la mesa un sistema que equipararía Cataluña a las comunidades de régimen foral y que rompería la cohesión nacional y el principio de solidaridad entre los territorios. Más importante que las cifras que resultarían de la implementación de este modelo es el hecho de que saltaría por los aires la financiación autonómica tal y como ha funcionado durante las cuatro últimas décadas. Andalucía tiene motivos sobrados para sentirse aludida –de hecho, el presidente catalán se ha referido a ella de forma expresa– y presentar batalla. Lo que se juega es muy importante y debe quedar al margen de las discrepancias entre los partidos políticos. A diferencia de la amnistía, aquí no se dirimen diferentes enfoques políticos sino cuestiones que afectan a la vida de los andaluces, como la calidad de su sanidad pública o de su educación. El PSOE de Juan Espadas no puede dejar solo en este empeño al Gobierno de Juanma Moreno. Hasta ahora, las declaraciones que se han realizado desde uno y otro ámbito dejan ver que existe un acuerdo en el rechazo a la propuesta catalana. Pero es necesario que las fuerzas políticas andaluzas presente un frente unido para dejar claro que no se va a permitir que la infrafinanciación que ya soporta la región se agrave porque otros quieren un trato privilegiado. En esta cuestión no puede haber grietas.