Lo dijo Yolanda Díaz tras la estrambótica sesión parlamentaria del miércoles y es una de las pocas cosas sensatas que se le ha escuchado a la vicepresidenta segunda en los últimos meses: así no se puede gobernar. Se refería la líder de Sumar a su derrota en el decreto de medidas laborales que sus antiguos socios de Podemos le tumbaron, pero es perfectamente aplicable a todo lo que está ocurriendo en este accidentado inicio de legislatura. Como se pudo comprobar en el hemiciclo prestado por el Senado y en las negociaciones de pasillos, en la política española se ha impuesto el chantaje como norma habitual de actuación y el Gobierno de Pedro Sánchez se pliega a cualquier exigencia de Carles Puigdemont sin oponer mayor resistencia. Nada que pueda sorprender a estas alturas. El trágala de la amnistía o el del mediador internacional apuntaban por dónde se iba a ir. Pero lo ocurrido esta semana certifica que las concesiones que se le hicieron entonces al separatismo catalán no garantizaban otra cosa que la investidura de Sánchez y que la legislatura va a ser un rosario de exigencias por un lado y cesiones por el otro. La extorsión como sistema significa, por ejemplo, que a cambio de la ausencia que le permite al Gobierno sacar adelante un decreto, se rompe una competencia exclusiva del Estado como es la inmigración, se desactiva un mecanismo de garantía judicial que está en el Derecho europeo. El encaje constitucional que tengan estos dos disparates normativos es lo de menos. Lo importante es mantenerse en el poder, aunque, de paso, haya que dar pábulo, vía publicación de las balanzas fiscales, al engendro ideológico del España nos roba. Nótese, porque no es una cuestión menor, que todas las exigencias de Junts aceptadas por Sánchez para salvar sus decretos responden a una óptica reaccionaria que en cualquier país europeo se relacionaría con las políticas ultras. En este contexto, que algunos portavoces gubernamentales sigan hablando de pacto de progreso produce una infinita vergüenza ajena.