La demografía es uno de los grandes activos de Andalucía. Sus ocho millones y medio de habitantes la convierten en la comunidad de España con mayor población y son un factor clave para que sea la tercera economía nacional, sólo por detrás de Madrid y Cataluña. La región no se enfrenta a un problema grave de despoblación, a diferencia de lo que pasa en muchas de las del interior del país, de forma muy acusada en las dos Castillas y en Aragón, en las que el vaciamiento de las zonas rurales y el estancamiento de las ciudades constituye una rémora económica y social. Desde este punto de vista, Andalucía tiene una ventaja competitiva a la que debe sacar aprovechamiento. Aun así, tiene un problema demográfico que acaban de poner de relieve los datos que ha hecho públicos la Junta: la población tiene una distribución muy irregular, con una alta concentración en el litoral y un progresivo descenso en muchas zonas del interior. Más de la mitad de los pueblos andaluces se encuentran en riesgo de despoblación al estar por debajo de los tres mil habitantes, una cifra que, sin embargo, sería considerada alta en otras comunidades con una estructura de municipios mucho más atomizada. Pero el fenómeno que se da en Andalucía es básicamente el mismo que en el resto de España: los jóvenes no encuentran motivos para fijar su residencia en pueblos pequeños por la falta de alicientes económicos y sociales y por las dificultades para desarrollar en ellos una carrera profesional. El resultado es que la emigración, aunque sea dentro de la propia región, es el camino que toma la inmensa mayoría. La puesta en marcha de medidas que fijen la población al territorio es una necesidad perentoria y en este aspecto las políticas públicas deben jugar el papel más importante. Andalucía no puede permitirse el lujo de que media región sea pronto un desierto demográfico ni puede condenar a muchos pueblos a la indigencia social.