Casi no había publicado Hacienda los datos de las balanzas fiscales, como exigían los independentistas catalanes para justificar su petición de nuevos privilegios, y ERC ya estaba pidiendo una soberanía fiscal a la carta. Su ambición a la hora de exprimir las arcas del Estado sólo es comparable a su afán por anticiparse a Junts en su carrera electoral. Y lejos de conformarse con una agencia tributaria propia, su próximo objetivo pasa por el referéndum de autodeterminación, como han dejado claro. Los independentistas no sólo quieren recaudar el 100% de todos los impuestos bajo un concierto económico similar al vasco, con el único objetivo de romper el principio de solidaridad que rige nuestra Constitución y en favor únicamente de sus intereses.

Los socios de investidura de Pedro Sánchez anhelan sobre todo la independencia y, al contrario que el presidente, no ocultan sus verdaderas intenciones al pasarle la factura, incluyendo la consulta con letras de molde. Por tanto, los españoles tienen derecho a saber hasta dónde está dispuesto a ceder el PSOE, después de que se comprometiera con Junts a apostar por medidas que permitan la autonomía financiera de Cataluña, así como a un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación. A dos meses de las elecciones autonómicas, los separatistas catalanes con su chantaje no se conformarán con aquello que no pase por la cesión de los tributos con una cláusula de excepción a la catalana. Y huelga decir que favorecer a las comunidades más ricas en detrimento de las que, como Andalucía, se sitúan a la cola de casi todos los indicadores económicos, lastradas por una serie de déficits estructurales, no deja de ser un atropello. Por más que tanto ERC como Junts defiendan que Cataluña aporta al Estado mucho más de lo que recibe vía impuestos, el Gobierno no puede ignorar los enormes desequilibrios territoriales. Existen otras comunidades, empezando por Andalucía, que están infrafinanciadas.