Algunos, no sólo desde el Gobierno, estarán contemplando con alivio como la contestación pública contra la ley de amnistía declina y languidece. Era algo previsible y con seguridad calculado por sus promotores gubernamentales, experimentados a estas alturas en una forma de proceder que ya han replicado con éxito en los últimos años. Basta con dejar que pase el tiempo para que el ruido se rebaje, para que el enfado se diluya y para que lo que vaya quedando de éste se caricaturice por sí solo. Todo apunta, si la oposición no lo impide, a que la tramitación de la ley será más tranquila que lo que la tensión vivida tras el verano parecía anticipar. Sánchez y Puigdemont, los beneficiarios y coautores de la ley –lo nunca visto–, están ya en otra cosa: a ver dónde y cuándo se hacen una foto juntos. La ley, deben pensar con razón, ya se la hemos hecho tragar a todos, a los que nos votan (que tragan con lo que sea) y a los que no lo hacen.

Sin duda, entre los aliviados porque esto de la amnistía vaya pasando se encontrarán bastantes profesores de Derecho, muy incomodos durante esos días de protesta. El mero anuncio de la presentación de la proposición de ley sirvió, como se sabe, para la movilización de muchos grupos de profesionales jurídicos. Ha habido iniciativas de todo tipo, algunas institucionales o colegiadas y muchas, la mayoría, de tipo colectivo pero a título personal. Han sido innumerables las de quienes a pecho descubierto –algunos revestidos con sus togas–, sin temor y con decisión, han mostrado su oposición a la futura ley por entenderla muy comprometedora para nuestro Estado de Derecho.

En las facultades de Derecho, sin embargo, donde se presupondría una gran preocupación por nuestro ordenamiento jurídico (eso que se enseña en las mismas), la reacción ha sido desigual. Salvo honrosas excepciones, ha abundado la tibieza de aquellos que se mueven siempre, cuando la cuestión es arriesgada, en una zona gris, esa que terriblemente retratara Primo Levi: la de quienes no se alinean ni con las víctimas ni con los verdugos. En ese territorio de silencio no se han ubicado, y así hay que reconocérselo, los pocos que se han manifestado a favor de esta amnistía. Con el arrojo, no propiamente intelectual sino del que está acostumbrado a seguir consignas que pueden llegar a ser contradictorias, han defendido con desparpajo que sí cabe ahora en la Constitución de 1978. Tampoco, obviamente, nos hemos colocado ahí, donde los tibios, los que nos oponemos a la proposición de ley con todas nuestras fuerzas. Fruto de ello han sido algunos manifiestos, ni mucho menos mayoritarios, en los que se han reivindicado los valores democráticos de esa misma Constitución.

Es evidente que un episodio como éste retrata y delata. Por eso a algunos, por embarazoso, les resulta tan molesto. Les obliga a mantener un perfil bajo y huidizo, a practicar la indefinición y la indiferencia. Que eso que algunos tratan de hacer pasar por prudencia se ejerza en la universidad y en particular en las facultades de Derecho, las directamente concernidas, es llamativo y triste. No quiere decir, como con exageración se concluye, que España camine hacia el totalitarismo o cuando menos hacia una autocracia –aunque hay comportamientos en quien preside el gobierno que sustentan esta impresión–. Es todo más simple y para nada novedoso. En nuestros campus abunda el tipo contemporizador, eso sí, siempre indignado con causas más o menos evidentes y lejanas (por ejemplo, Ucrania o Palestina). Esa gran develadora de la impostura de los profesores universitarios que es Berta González de Vega ha concluido con razón que a la universidad se le ha pasado el arroz rebelde.

En 1966, Elías Díaz, todavía bajo el franquismo, publicó Estado de Derecho y sociedad democrática, hoy todo un clásico –un poco olvidado– y entonces una llamada de atención programática para la democracia que se intuía llegaría tras la muerte del dictador. Sostenía, a partir de su conocido arranque “No todo Estado es un Estado de Derecho”, que no basta con que haya un orden jurídico, un sistema legal para que pueda hablarse de éste. Recordaba entonces lo que hoy nos parece obvio: el Estado debe estar sometido al imperio de la ley, que debe ser siempre expresión de la voluntad general. Quizá sería conveniente que tanto falso prudente, que permanece en silencio en las facultades de Derecho ante esta ley de amnistía, lea (o relea) a Elías Díaz. Tal vez sólo así reaccione y logre evitar que el Derecho que enseñe a partir de ahora no suene a fraude o superchería.